El epicentro de la polémica política de los últimos días se cierne sobre Jumilla, una localidad murciana que, debido a la iniciativa que ha impulsado su Ayuntamiento de prohibir en sus instalaciones deportivas actividades ajenas a éstas, pero con el foco en las recientes celebraciones del fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, ha trascendido al plano nacional. El Partido Popular, impulsor de esta medida municipal, que ha contado con la abstención de Vox y, por ende, salió adelante, se ha situado en el ojo del huracán por haberla llevado a término y, en consecuencia, ha declinado en el rechazo del Gobierno central, la Fiscalía e incluso de la Conferencia Episcopal.
Moncloa ha tachado de “racista” esta iniciativa municipal que han tildado de “inconstitucional” al dar portazo a celebraciones religiosas islamistas. Al tiempo, el Ejecutivo central ha reiterado que se mantendrá vigilante a los discursos de odio que se puedan dar a raíz de esta medida.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños han subrayado que "en España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución". De esta manera, han tachado este acontecimiento como "un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha".
"Han prohibido obras de teatro, películas, revistas y, ahora, impiden una celebración religiosa en una instalación municipal. Su proyecto es imponer un modelo político y social contrario a la Constitución en el que no está a salvo nadie que no comparta sus postulados o sus creencias", subrayan las citadas fuentes.
Asimismo, han reiterado que en nuestro país la “libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución" y que el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, situando a su vez en el epicentro la “convivencia entre religiones” como uno de los pilares de la sociedad.
También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tildado la medida del PP y Vox de Jumilla de "vergonzosa": “Vergonzosa la tibia reacción de la dirección nacional del PP, que no termina de rectificar ni la desaprueba. Quizá es porque ven un espejo en la ultraderecha. Un espejo en el que no cabe la diversidad. Libertad es una palabra que todavía le queda grande al PP", ha aseverado.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran su "condena de cualquier iniciativa discriminatoria" e indican que trabajan por "una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia": "La libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución", subrayan. La vigilancia vendrá a cargo de este departamento de Elma Saiz, por el que han prometido seguir “muy de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas”.
La Fiscalía percibe indicios de posible delito de odio
Desde el plano judicial, las manifestaciones se han dado sobre la senda de oposición a la medida impulsada por las derechas en el municipio murciano. Fuentes de la Fiscalía señalan a ElPlural.com que, “tal y como está redactado, el texto no es delito, pero con las declaraciones de Vox en la mano, cogiendo ambas cosas, se podría abrir una investigación”.
Y es que el Ministerio Público se refiere a las palabras del edil del partido de ultraderecha en Jumilla, quien ha dicho que la iniciativa municipal se ha elaborado para “impedir el Ramadán y la Fiesta del Cordero”. De esta manera, las fuentes de la Fiscalía consultadas aseguran que “ese cambio en la normativa municipal es para que los musulmanes no puedan celebrarlo. Puede ser delito de odio”.
Cabe recordar que la formación de Vox en Jumilla, durante el Pleno municipal del que salió aprobada esta medida este miércoles, lo celebró reivindicando "el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica".
Asimismo, el único edil en Jumilla de Vox, Juan Agustín Navarro, presentó un texto preliminar a la medida que fue descartado, pero que hacía referencia explícita en su primer punto a vetar de la Fiesta del Cordero “y otras tradiciones similares ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad, usos y costumbres de la nación española”, aunque ésta no salió adelante. No obstantre, la propuesta rezaba así: "Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.
La Iglesia Católica, en contra
Debido a la trascendencia religiosa de esta cuestión que se ha situado en el epicentro político, hasta la Conferencia Episcopal ha dado la espalda al PP y ha acercado posturas, en consecuencia, con la Comisión Islámica de España.
En estos términos, los obispos españoles han reclamado que se garantice el derecho de la libertad española, calificando lo sucedido en Jumilla como “una discriminación” que no tiene cabida en la Carta Magna. "Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1: ‘Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’”, han defendido en un comunicado.
"La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes. Hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", han enfatizado a modo de conclusión.
Génova se defiende de acusaciones por “xenofobia”
Ante la masiva oleada de críticas en las últimas horas, el PP, en voz de su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, argumenta que este es un ejemplo más de “polarización” política, y ha esgrimido una defensa en clave interna: “Es absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo”.
“Nosotros somos el partido constitucionalista que siempre va a poner en el centro las creencias individuales, respetando lo que cada uno crea. (…) El PP nunca va a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece”, ha agregado De los Santos.