El Congreso de los Diputados alberga este jueves un nuevo punto de inflexión para el Gobierno. Los tiempos han querido que se junten en una misma sesión cuatro votaciones clave a Reales Decretos, algunos que el Ejecutivo ya arrastra desde hace tiempo. La revalorización de las pensiones y el escudo social vuelven a la Cámara Baja un mes después de decaer, con el no de PP, Vox y Junts. Con el mismo dolor de cabeza de siempre con los de Puigdemont, el Gobierno lleva también al Pleno las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida y el tope a los precios en situaciones de emergencia.
La Constitución dicta que los decretos leyes entran en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, pero deben ser sometidos al aval del Congreso en un plazo máximo de treinta días. Es por ello por lo que llegan a la Cámara Baja estos cuatro decretos, que se aprobaron entre el 27 de enero y el 10 de febrero. En el caso del tope a los precios porque el Gobierno espera anotarse un tanto, y en los otros tres por el calendario: de no aprobarse este jueves quedarían derogadas antes del siguiente Pleno.
El Ejecutivo espera tener un jueves agridulce. El Congreso, previsiblemente, aprobará la subida de las pensiones, después de que se haya separado del 'decreto ómnibus' con las ayudas sociales -que fue el que decayó en enero-, como pedían las derechas. La alegría durará poco, porque aunque tomarán esto como una victoria, Junts tumbará decreto del escudo social, según confirmaron este miércoles, porque sigue incluyendo la moratoria de los desahucios.
Junts amenaza el escudo social
La historia de siempre, la de la manta que no cubre a todos. Después de que el Congreso tumbara el 'ómnibus', el Consejo de Ministros lo separó en dos Reales Decretos ante la exigencia de PP y Junts, que firmó el 3 de febrero. Sin embargo, el escudo social va a volver a decaer porque los de Puigdemont siguen enrocados en el 'no'. Su portavoz, Miriam Nogueras, lo ha anunciado este miércoles, argumentando que el texto sigue incluyendo la prórroga de la moratoria de los desahucios a personas vulnerables, que rechazan porque, dicen, favorece las okupaciones.
El decreto prorroga medidas como el bono social eléctrico o ayudas a las víctimas de la DANA, e incluye también la moratoria de desahucios a personas vulnerables y la prohibición de cortar suministros, que el Gobierno vuelve a llevar con la enmienda que le impuso el PNV. Los vascos condicionaron su apoyo a que el texto excluyera de la moratoria a los propietarios de una sola vivienda en alquiler, una medida que criticaron los socios y que no fue suficiente para seducir a PP, Vox y Junts.
"Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, okupaciones ‘no’. Y cumplimos", ha recordado Nogueras, que acusa al Gobierno de haber vuelto a mezclar medidas. "Si realmente quisiéramos impulsar el escudo social, solo hacía falta una cosa, separarlo de las okupaciones. ¿Por qué no lo ha hecho?", le ha preguntado a Sánchez. Nogueras le ha reprochado también que bloquee la iniciativa de Junts en ese sentido: "Presentamos una ley para acabar con las okupaciones que usted hace dos años que tiene bloqueada", asegura.
El 'sí' definitivo a la subida de las pensiones
En lo que el Gobierno tendrá una victoria que persiguen desde hace meses es en la revalorización de las pensiones. En el primer intento en enero, el Gobierno llevó en el mismo Real Decreto esta medida y el escudo social, motivo con el que argumentaron su 'no' el PP, Vox y Junts. El Ejecutivo tragó y separó esta medida en un único texto, que sube las pensiones contributivas según el IPC, es decir, un 2,7%. La revalorización supone unos 570 euros anuales más por pensionista.
Estas medidas ya están en vigor, y tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Esto lo permitió que el Gobierno las prorrogó en el Consejo de Ministros nada más decaer en el Congreso a la espera de que las negociaciones les permitieran ahora sacarlas adelante, como previsiblemente va a ocurrir cuando PP y Junts voten a favor. De esta manera, los 13 millones de pensionistas del país tendrán en febrero la misma subida -de unos 50 euros- que tuvieron en la pensión de enero
Las ayudas de Adamuz y el tope a los precios
El Gobierno, a priori, sí tiene la papeleta resuelta con todo lo que tiene que ver con las consecuencias de los accidentes ferroviarios del pasado mes de enero en Adamuz y Gelida. El Congreso vota el Real Decreto que salió del Consejo de Ministros el 27 de enero, que aprueba ayudas complementarias para las víctimas. El Ejecutivo incluyó en él indemnizaciones que oscilan entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, en función de la gravedad de las lesiones y del tipo de daño reconocido, además de establecer cuantías específicas en caso de fallecimiento. Las compensaciones se suman a las coberturas ordinarias previstas en la legislación vigente y pretenden cubrir daños personales derivados de los accidentes.
Otro de los problemas que volvió a aflorar a raíz de los accidentes fue la subida de precios de servicios complementarios a la red de tren alta velocidad, mientras esta se encontraba suspendida. Por ejemplo, los billetes de avión, que algunas aerolíneas subieron para aprovechar que había más demanda. Las aerolíneas también especularon durante la ola de incendios el pasado verano, cuando el fuego obligó a cortar durante semanas la línea Madrid-Galicia.
Esta práctica vio un tope el pasado 10 de febrero, cuando el Gobierno aprobó el real decreto para limitar los precios de determinados bienes y servicios cuando declare una situación de emergencia, que llega también este jueves al Congreso. El texto garantiza "la accesibilidad equitativa" a estos servicios, y establece que el precio máximo no podrá superar el más alto registrado en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación excepcional. Con esta herramienta, el Consejo de Ministros podrá acordar topes temporales en sectores concretos - por ejemplo, alojamiento o transporte - cuando considere que concurren circunstancias extraordinarias.
