El Gobierno de España concede el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la trama Gürtel. El que fuera político 'popular' estaba condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por participar de las actividades corruptas de la trama.
Mantendrá su puesto en el Ayuntamiento
La medida de gracia permitirá que el político conserve su empleo de ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Madrid, aunque el acuerdo no afecta a la pena de prisión, que suspendió la Audiencia Nacional.
El Ejecutivo Central centra el indulto en la existencia de “razones de justicia y equidad”, dos de los tres requisitos, junto a la de utilidad pública, que contempla la normativa para motivar las medidas de gracia.
El Consejo de Ministros aprueba este martes conmutar las dos penas de inhabilitación absoluta que se le impusieron -una era de tres años y otra de dos años y un mes- y sustituirlas por dos penas de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección. Fuentes del Gobierno entienden que “el indultado puede retomar su medio de vida, de modo que denunciar la corrupción no le arruine la vida”, pero que “tampoco quede impune” respecto de la “mayor trama de corrupción de la democracia, algo que ha sido muy difícil sin su colaboración”.
Los diferentes órganos jurídicos -en este caso el Tribunal Supremo y la Fiscalía- se posicionaron a favor de conceder este indulto parcial. En concreto, el informe de los jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal valoró la actitud del exconcejal a lo largo de todos estos años, así como los datos que el mismo puso a disposición de la Justicia. La misma destaca que “a pesar de su condena”, Peñas ha comparecido como testigo en las piezas separadas del caso y que siempre ha sido “constante, coincidente e incluso valiente” en cuanto a testimonio se refiere. En otro orden de cosas, la Fiscalía tomo como referente la directiva comunitaria sobre la protección de los denunciantes.
La prueba fundamental del que fuera concejal reside en las grabaciones que presentó en 2007 ante la UDEF, en el marco de una extensa denuncia y decenas de horas grabadas que había hecho a escondidas al que fuera cabecilla del caso, Francisco Correa, en las que se revelaban algunos de los negocios ilegales del esta persona y/o el Partido Popular.
Prueba fundamental contra correa
Sirviéndose de la buena relación entre ambos, los audios derivaron en la prueba fundamental de una causa que contempla a 37 procesados y que salpicó directamente a la estructura interna del PP. Con todo, las pruebas no evitaron que Peñas fuera condenado.
Si bien, los magistrados del TS que confirmaron la sentencia a la Audiencia Nacional consideraron “esencial” su colaboración e indicaron que las grabaciones habían sido “de gran ayuda” para poner negro sobre blanco frente a los hechos. Aún con ello, se mantuvo sobre él la condena al considerar probado que cobró cerca de 40.000 euros en sobornos y que ayudó a Correa a tener bajo control las adjudicaciones del municipio de Majadahonda, donde comenzó como funcionario y terminó como concejal. Dicho de otra manera, que participó de la trama al principio, aunque después empezó a grabar clandestinamente a los miembros que formaron parte de la misma.
El exconcejal fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, prevaricación, malversación y falsedad documental, pero nunca llegó a entrar en prisión debido a dos hechos: que ninguna de las penas de cárcel superaban por separado los dos años y el “importante esfuerzo reparados” que había llevado a cabo al ingresar “importantes cantidades en la cuenta de consignaciones del juzgado” coincidiendo con su capacidad económica.
