El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar las normas de dependencia y de discapacidad, que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha calificado como la de “mayor calado social de esta legislatura”.
Entre otras medidas, la norma suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a otras tareas como la compra o realizar trámites. Asimismo, reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo, y de manera automática a cualquier dependiente con una discapacidad del 33% para ahorrar cargas administrativas. Entretanto, las comunidades deberán realizar obras de accesibilidad, entendiendo como tal ascensores o rampas, si lo solicita un vecino, apoyándose en ayudas y subvenciones.
En otro orden de cosas, cambia la ley general de derechos de las personas con discapacidad de 2013 para terminar con la discriminación en la contratación de seguros de salud y vida. Esto incluye la accesibilidad universal como un derecho que se podrá reclamar ante la justicia y crea un fondo estatal para propulsarla en entornos públicos.
También se regula como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón, espectáculos del estilo del ‘bombero torero’ y, como tónica general, la exposición pública de una persona atendiendo a su grado de discapacidad.
Uno de los escollos principales a la hora de tramitar ayudas son precisamente los tiempos, por lo que la presente ley también se mueve en la línea de reducir estos, suprimir el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y ampliar la prestación para cuidados a personas allegadas atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como amigos o vecinos.
Derechos que recoge la ley
Entre los derechos que se incluyen en la nueva normativa se contempla, por ejemplo, su capacidad para decidir acerca de las prestaciones y de los servicios que reciban, y que tengan garantizados su derecho a permanecer en el espacio elegido o a recibir una atención que quede libro de sujeciones físicas o de cualquier otro tipo.
También se recoge el derecho a garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia, independientemente del lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Aquí se establecen una serie de bases para que las administraciones autonómicas incorporen procedimientos de coordinación entre sus servicios sociales y sanitarios.
Se trata, en definitiva y en palabras del ministro, de un “paso decisivo para construir un sistema de cuidados públicos y de calidad” para aquellas personas en situación de dependencia y entre la que tienen discapacidad. “Promoverá el derecho universal al bienestar, ala vida independiente y a la autonomía personal”, apunta.
También ha subrayado que la reforma va en la línea de revertir “dos recortes importantes” de la década anterior: por un lado, suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona. También se elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
“Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, ha dictado.