El Gobierno comienza esta semana el proceso de descentralización de las instituciones estatales con el que se pretende ubicar organismos públicos de nueva creación fuera de Madrid. El procedimiento se estrena el próximo martes y estará gestionado por la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

A la operación, que se enmarca en el real decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo, pueden concurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El emplazamiento se resolverá en un plazo de seis meses, pero si la tramitación es de carácter urgente este tiempo se reducirá a la mitad.

La Agencia dispondrá para su creación de una partida de cinco millones de euros y contará con al menos 40 profesionales del ámbito tecnológico y  comunicativo, aunque Moncloa prevé que el número de especialistas “aumentará sustancialmente” cuando entre en vigor el marco europeo regulador de los usos de inteligencia artificial, según documentos oficiales.

Ciudades que quieren albergar instituciones estatales

Entre las ciudades que ya han mostrado interés se encuentran Granada y Santiago de Compostela, con la particularidad de que ambos Ayuntamientos están liderados por el PSOE, pero las dos comunidades por el PP. Esta no es una cuestión menor, ya que las localidades que presenten candidatura tendrán más posibilidades de adquirirla si cuentan con el respaldo de la comunidad que las albergan.

También Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura están dispuestos a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo mismo, en este caso con la Agencia Espacial Española, Sevilla o Teruel.  En el supuesto de Madrid, cualquiera de las ciudades puede presentarse al proyecto, excepto la capital, salvo que así lo convengan “razones especialmente motivadas”

Plena independencia

El Gobierno ha dejado claro que la administración y el funcionamiento de los organismos siempre serán, a todas luces, “independientes” y que actuarán “de forma objetiva, transparente e imparcial”.  

Ejemplo claro de ello es la nueva sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, que se decidirá sin primar la “tendencia demográfica” sino la pujanza tecnológica de las autonomías que se presenten. Ya en funcionamiento también actuará de manera independiente, asegura el Ejecutivo.

Con el caso concreto de esta Agencia, el país se anticipa al resto de los territorios de la Unión Europea (UE) y refuerza la igualdad de oportunidades; pero advierte, eso sí, de “los riesgos” -además de los beneficios- que suponen esta nueva forma de entender el mundo.