Moncloa ya no cierra la puerta a retocar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (más conocida como Ley del ‘solo sí es sí’). Tras incluir una enmienda al Código Penal como reacción al rosario de rebajas de condena, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha abierto la veda a considerar otras opciones para detener el goteo de reducciones a agresores sexuales. No obstante, la decisión se tomará a instancias de la doctrina que siente el Tribunal Supremo y si se confirma que el parche del pasado mes de diciembre no tiene los efectos deseados.
En declaraciones a RNE, Rodríguez se ha abierto a “valorar otras opciones” si la enmienda diseñada por el Gobierno, como todo apunta hasta el momento, falla. La ministra portavoz, eso sí, ha supeditado la decisión de Moncloa a la doctrina que siente el Tribunal Supremo, que ya a mediados del pasado mes de diciembre volvió a ratificar la rebaja de penas. En su momento, el Ejecutivo admitió que el parche carecía de valor normativo, más allá del recado a la judicatura.
En cualquier caso, se avecina lío intramuros de Moncloa. En la facción morada del Ejecutivo se oponen a cualquier mínimo cambio en la normativa. En el Ministerio de Igualdad entienden que se enmarca en la interpretación exclusiva de los jueces y creen que la enmienda se diseñó para rebajar los márgenes de la interpretación, por lo que rechazan cualquier tipo de reforma en el articulado final.
Pero en el PSOE no se cierran a la posibilidad del retoque normativo, máxime cuando la presión en el seno de la formación socialista en torno a la modificación se ha redoblado. La ministra portavoz, entre tanto, desvía la pelota al tejado de la judicatura. “Estamos pendientes de esa interpretación que están haciendo los jueces”, ha admitido la titular de Política Territorial ante los micrófonos de Radio Nacional, donde no ha cerrado la puerta a blindar el articulado.
A principios del pasado mes de diciembre, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya aludió a “ajustes técnicos” como método de blindaje de la controvertida ley. Sin embargo, para limitar la retroactividad, se diseñó una enmienda transitoria incluida en la reforma del Código Penal para reducir las rebajas de condena a agresores sexuales. Cabe señalar que en la sentencia del TS sobre el caso Arandina, los magistrados descartaron los argumentos sobre los que se gestó dicha enmienda, amparándose en el artículo 2.2 del Código Penal: “Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.
Un movimiento que motivó a los socialistas a admitir que no se garantizaba la erradicación de las revisiones a la baja, aunque sí subrayaban que suponía una suerte de mensaje a los jueces; un “toque de atención”, tal y como apostilló el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. En cualquier caso, el escenario sigue por los mismos derroteros y augura un nuevo choque entre los dos partidos de la coalición, a expensas del dictamen final del Supremo.
