El alcalde de Gandía, el 'popular' Arturo Torró. Foto: Ayuntamiento de Gandía El alcalde de Gandía, el 'popular' Arturo Torró. Foto: Ayuntamiento de Gandía



El concejal socialista en Gandía Vicent Mascarell ha tenido que recurrir a la Justicia para obligar al Gobierno local a mostrar los datos de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia. Tras la orden de un juez, el edil pudo comprobar los datos y destapar que bajo el mandato del acalde popular, Arturo Torró, sólo el gasto anual de personal se ha disparado de menos de 100.000 euros en la etapa socialista a 2.280.000 euros; además, la manera de llevar algunas de las contrataciones, según la denuncia de Mascarell, apunta a que se hicieron a dedo.

El gasto con los socialistas no llegaba a los 100.000 euros al año
El concejal socialista ha hecho público copias del 30 de julio de este año de los TC2, el modelo que se presenta a la Seguridad Social, que muestra que en la empresa trabajaban en esa fecha 104 empleados, de los que 26 eran fijos. El gasto mensual de la plantilla ascendía a 140.000 euros, lo que anualmente representa 2.280.000 euros.

Mascarell también ha mostrado los documentos que demuestran el gasto de personal al final de la gestión del PSOE en el municipio, en junio de 2011. La plantilla era de cinco trabajadores, dos de ellos fijos, y a los tres empleados temporales se les rescindió el contrato antes del cambio de gobierno. El gasto mensual con los cinco trabajadores era de 9.000 euros mensuales; al año, 98.000 euros.

Irregularidades en las contrataciones
Según la documentación presentada por el concejal socialista, la mayoría de las 104 nóminas va de los 1.000 euros al mes hasta los 2.000. Además, ha denunciado que “las contrataciones de personal fijo (26 trabajadores) se han hecho sin cumplir ninguna de las normas que rigen en la administración pública, ya que no se publicitaron en su día, es decir, sin facilitar concurrencia, ni tampoco hubo bases para que cualquier persona pudiera optar a esos cargos".

Mascarell ha resaltado el hecho de que "se desconoce el cometido de estas personas, y el sitio donde trabajan", y se podría estar produciendo una grave irregularidad administrativa, ya que algunos de los contratados ocuparían plazas reservadas a funcionarios municipales.

Una deuda de 44 millones que pasa al Ayuntamiento
La empresa pública acumula una deuda pública de 44 millones reconocida por el alcalde, que ha anunciado que la cerrará antes de que termine el año, según adelantó el diario Las Provincias. El Ayuntamiento tendrá que asumir la deuda y, también, las funciones de la entidad que gestiona servicios como las bicicletas públicas, las piscinas municipales y proyectos de integración y enseñanza.

Desvío de dinero para tapar un agujero de 9,5 millones 
El portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Orengo, ha denunciado "el desvío de diez millones de euros del Ayuntamiento hacia la empresa pública para tapar un agujero de 9,5 millones".

El Grupo socialista en el municipio ha desvelado, también, el pago de "1,4 millones de euros a "profesionales independientes”, de “1,3 millones en publicidad, propaganda y recursos humanos, que no incluyen las subvenciones a las televisiones privadas por valor de un millón de euros más IVA, o los 3,8 millones de euros en otros servicios, tal y como los definen las cuentas generales”.

José Manuel Orengo ha preguntado "en qué ha gastado Gandia Protur 2,5 millones de euros en medio año y la empresa pública 19,5 millones".