Este 2015 se cumplen 70 años de la liberación de los campos de concentración nazis y 75 de la llegada de los primeros prisioneros españoles a la temible fortaleza de Mauthausen.  Por este motivo, el periodista Carlos Hernández acaba de publicar una obra que bien podría convertirse en la “Biblia” de la deportación española. En sus 576 páginas se narra la historia de los más de 9.000 hombres, mujeres y niños españoles que vivieron y murieron entre las alambradas, las cámaras de gas y los crematorios del III Reich; pero también se aportan los datos y las pruebas que permiten identificar a los responsables militares, políticos y empresariales de su envío, su sufrimiento y su muerte en los campos nazis.

El libro “Los últimos españoles de Mauthausen. La historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices” (Ediciones B) cuenta con el testimonio directo de 18 prisioneros españoles que aún pueden narrar sus vivencias en primera persona. Son ellos quienes, pese a su avanzada edad, construyen un relato que comienza en la guerra de España, continúa con el terrible trato que recibieron durante su exilio en Francia, se detiene en los largos años que pasaron entre las alambradas nazis y concluye nuevamente en el exilio francés, olvidados y abandonados por la democracia española. El autor, que además es sobrino del deportado murciano Antonio Hernández Marín, también ha recuperado la voz de otros 80 prisioneros españoles ya fallecidos. Para ello ha desempolvado viejos libros de memorias ya descatalogados y ha contado con la colaboración de viudas, hijos y nietos que han aportado documentos y escritos inéditos de los deportados.

Hitler no fue el único culpable
La cruda descripción de los hechos por parte de los protagonistas ocupa el 50% de la obra. El resto se dedica a señalar con el dedo a los verdaderos culpables de la tragedia. Al mismo nivel que la Alemania nazi, se sitúa la Francia colaboracionista de Pétain y la España de Franco. El Régimen franquista, tras la derrota de Hitler, se mostró sorprendido y consternado por las atrocidades cometidas por los nazis. Igualmente, negó haber conocido que miles de compatriotas estaban siendo encerrados y asesinados en los campos de concentración. El autor desmonta documentalmente estas afirmaciones y demuestra que Franco, su entonces hombre fuerte, Ramón Serrano Suñer, y el resto de su Régimen no solo conocieron, sino que toleraron y jalearon las acciones criminales de los nazis.

La cascada de pruebas que se presentan en la obra es abrumadora. La simbiosis entre el Movimiento y el nazismo alemán se remonta a la época de la II República, cuando agentes de Hitler ayudaron a los generales franquistas a preparar y llevar a cabo la sublevación.  La decisiva colaboración alemana durante la guerra contribuyó a incrementar esos lazos que permitieron, incluso, que la Gestapo dispusiera de oficinas propias dentro de algunas comisarías de la policía franquista. Ya durante la II Guerra Mundial, tal y como consta en numerosos documentos oficiales, el Gobierno alemán informó puntualmente a Madrid de sus planes para deportar a los españoles exiliados. De hecho, la orden que partió de Berlín para sacar a los republicanos de los campos para prisioneros de guerra en que se encontraban y enviarlos a Mauthausen, se dictó en septiembre de 1940, mientras Serrano Suñer visitaba Alemania y se reunía con Hitler y Himmler.

Cuerpos apilados en Mathausen esperando a ser cremados



Pudo salvar a miles de judíos
Uno de los aspectos más destacados del libro ahonda en la responsabilidad del Régimen franquista en la muerte de decenas de miles de judíos. En una de sus páginas se resume así lo ocurrido: «De puertas afuera, la palabra que definió el comportamiento del régimen ante el Holocausto fue la indiferencia. Así fue al menos hasta 1944, cuando las presiones internacionales y el convencimiento de que Hitler iba a ser derrotado le empujaron a realizar gestiones para salvar a pequeños grupos de judíos. Así lo piensan historiadores como Bernd Rother: “España solo a regañadientes y de una manera dubitativa protegió a los judíos y limitó la protección a los judíos españoles”. Rother hace esa clara diferenciación entre judíos y judíos españoles porque en ella está la clave del asunto. En 1940 se calcula que había unos nueve millones y medio de judíos viviendo en Europa. De ellos unos 4.500 tenían la nacionalidad española. Había, además, otros 175.000 de origen sefardí, descendientes de los judíos expulsados de España, que conservaban sus tradiciones, su cultura y hablaban en una lengua muy similar al castellano antiguo. Franco, como decía el historiador alemán, se preocupó poco, tarde y mal de ayudar exclusivamente a quienes tenían la nacionalidad española; del resto se desentendió por completo».

En enero de 1943, Hitler informó a sus aliados, entre ellos a Franco, de que les autorizaba a repatriar a “sus judíos”. A esas alturas, toda Europa conocía la persecución y eliminación a la que estaba siendo sometida la comunidad hebrea, por lo que el mensaje de Berlín era claro: quien quiera salvar a sus judíos, que lo haga ahora o calle para siempre. El autor aporta documentos que demuestran que la reacción del Régimen franquista condenó a muerte a miles de hombres, mujeres y niños. Madrid ignoró la oferta que le hizo el Reich y ordenó a sus diplomáticos, destinados en naciones ocupadas por los nazis, preocuparse únicamente “por los judíos de indudable nacionalidad española”.



En embajadas y consulados como los de Budapest, Bucarest o París, los diplomáticos trataron de convencer a sus superiores de que les permitieran salvar a aquellos judíos de origen sefardí que podían ser considerados españoles. De hecho, algunos encargados de negocios, como Miguel Ángel de Muguiro y Ángel Sanz-Briz,  desobedeciron las órdenes de Madrid y consiguieron salvar a miles de personas. Por esa razón, por atreverse a proteger a judíos y entrometerse en “asuntos internos de otra nación”, el propio Muguiro y otros diplomáticos fueron cesados fulminantemente por orden directa de Franco.

Quizás el caso más sangrante es el que se produjo en Grecia. Entre 50.000 y 60.000 judíos de origen sefardita vivían en Salónica cuando fue ocupada por las tropas alemanas. El cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radigales, mantuvo informado al Gobierno franquista de los planes que los nazis tenían reservados para ellos. La respuesta fue el silencio y una total indiferencia. Uno de los muchos telegramas que se reproducen en el libro demuestra la absoluta insensibilidad de los dirigentes franquistas. Así lo relata el autor: «La actitud del régimen se refleja perfectamente en los telegramas que intercambió con su sede diplomática en Atenas. La comunicación se realizaba, por motivo de la guerra, a través del embajador español en Berlín. A comienzos de 1944, el ministro de Asuntos Exteriores, Gómez-Jordana, escribía: “Ruego VE comunique cónsul general en Atenas que únicamente se autoriza concesión visados sefardita Hassid e hija en el caso de que realmente fueran deportados sin que baste para ello simple aviso o intimidación”. Podemos imaginar la cara del cónsul cuando leyera esta orden de su superior. Si había que esperar a que se produjera la deportación, ¿a dónde les llevaría el visado? ¿A la estación de ferrocarril de Auschwitz-Birkenau? En este y en otros telegramas que Gómez-Jordana envió a la legación en Atenas insistía en que la concesión de visados debía seguir limitándose a sefardíes de “indudable nacionalidad española” (...) El balance final de la gestión española en Grecia ofrece dos cifras dispares: alrededor de 700 judíos fueron repatriados o protegidos; 48.000 sefardíes acabaron en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau».

La lista de responsables de la deportación, sufrimiento y muerte de miles de españoles y judíos, no termina en el Régimen franquista. El autor dedica otros capítulos a relatar el papel jugado por Francia y por las empresas alemanas y estadounidenses que colaboraron con Hitler. Tampoco pueden eludir su cuota de responsabilidad: la Unión Soviética, que primero ignoró y luego traicionó a los deportados; y los propios Aliados, para quienes la liberación de los campos de concentración no fue ninguna prioridad.