La acusación popular del PSOE en la pieza separada de Arganda del caso Gürtel ha pedido ya al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que abra juicio oral y ha presentado su escrito de acusación. En él, solicitan que Esperanza Aguirre, en calidad de expresidenta de la Comunidad de Madrid, declare como testigo junto a Luis Bárcenas para explicar el pelotazo que se llevó la trama en esta localidad y que supuso una comisión de 25 millones de euros para Francisco Correa sin ningún esfuerzo.

En abril del año 2010, Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid, soltó su famoso “yo destapé la trama Gürtel”. Se refería a la reunión que mantuvo en el despacho de Mariano Rajoy con el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y quien luego le sucedería, Luis Bárcenas, donde ambos líderes fueron informados por sus contables de las sospechas sobre la adjudicación de parcelas en Majadahonda y Arganda del Rey.

Sobre esa reunión quiere la acusación que Aguirre responda en el juzgado para dar las expliaciones pertinentes. No es la primera vez que dicho encuentro en la planta noble de Génova le trae problemas a la política madrileña. Ya tuvo que declarar por ello en diciembre de 2013 ante el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, y en aquel momento se acogió a su derecho a declarar por escrito en calidad de expresidenta regional.

Junto a Aguirre, la acusación popular solicita también la declaración de Luis Bárcenas, extesorero del PP y ahora en prisión por sus condenas en otras piezas separadas de Gürtel, quien también participó en aquella reunión en la que se alertó de las sospechas sobre la adjudicación en Arganda del Rey de la parcela Unidad de Ejecución UE 24 en favor de Martinsa.

Esta parcela, conocida como el pelotazo de la Gürtel, fue adjudicada a la inmobiliaria Martinsa, por un precio irrisorio. Para ello, presuntamente se amañó el concurso para que los posibles rivales de la empresa no hicieran ofertas más altas y se presentó como un negocio de gran riesgo, según el juez instructor. Una vez adjudicada a Martinsa, se modificó el plan urbanístico para casi duplicar el número de viviendas construibles, lo que provocó que las ventas previstas pasaron de 336,6 a 535 millones de euros y que Francisco Correa se embolsara una comisión de 25 millones que la empresa de Fernando Martín le habría ingresado en dos cuentas de Mónaco y Suiza.

Además de Aguirre y Bárcenas, la acusación solicita que se cite como testigos a un grupo de 26 personas, entre los que están José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que sí destapó de verdad la Gürtel, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en la época del pelotazo, Enrique Porto, y varios funcionarios de Arganda del Rey y más de una decena de agentes e inspectores responsables de los informes de investigación sobre la trama.

Guarderías, piscinas, Reyes Magos...

Durante años, nada se movía en Arganda del Rey sin que la trama Gürtel intermediara y se llevara su parte durante los gobiernos de Ginés López y Benjamín Martín Vasco. El modus operandi se dividía en tres sistemas. Por una parte, la adjudicación directa a la trama de eventos variados, desde ofrendas florales, a Olimpiadas Escolares pasando por la organización del Rock in Rio, siempre con contratos partidos y colocados a dedo. Una segunda vía era la intermediación de Correa y su socio, Pablo Crespo, para conseguir contratos irregulares para constructoras, como la de la parcela UE 24, pero también piscinas cubiertas, guarderías o mantenimiento de mobiliario público o deportivo.

El tercer sistema consistía en la adjudicación a Gürtel de contratos públicos que se cobraban con facturas falsas giradas por empresas constructoras que hubieran ganado concursos públicos. El ejemplo paradigmático son las Cabalgatas de los Reyes Magos que organizó Gürtel entre 2005 y 2009, pero que fueron pagadas por empresas como Hispánica o Teconsa, que luego pasaban el gasto al Ayuntamiento disfrazado como inauguraciones de carreteras.

Penas para los acusados

Por este caso, la acusación popular pide penas para varios acusados. Para Francisco Correa y Pablo Crespo solicitan 29 años y seis meses de prisión para cada uno y respectivas multas que suman 78 millones de euros, por delitos como fraude, prevaricación, cohecho o falsedad en documento mercantil. 10 años y seis meses de cárcel, con una multa de casi 3 millones, para José Luis Izquierdo, contable de la trama. Para el primer alcalde implicado, Ginés López, y para su sucesor, e implicado a posteriori, Benjamín Martín Vasco, 22 años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público para cada uno.