El decreto con la prórroga de los alquileres, que el Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo en su paquete de medidas para paliar la crisis por la guerra en Irán, llega el próximo martes al Congreso de los Diputados. La norma, que limita los precios del alquiler para proteger a los inquilinos de la crisis, salió del Consejo de Ministros tras la presión de Sumar, que ahora busca salvar una votación en la que el Partido Popular, Vox y Junts, están dispuestas a tumbar el amparo para miles de personas.
El Ministerio de Consumo recuerda que, hasta que se vota el martes, los inquilinos cuyos alquileres terminen antes de diciembre de 2027 aún pueden solicitar a sus caseros la prórroga de su contrato. Dando por hecho que el decreto decaerá en la Cámara Baja, lo que busca ahora la izquierda es retratar el 'no' de las derechas, y que, al menos, no les salga gratis de cara a los ciudadanos. Se enfocan especialmente en el PP, que tendrá que dar explicaciones de por qué vota en contra de congelar los alquileres a la mayoría de sus votantes, que apoyan la medida del Gobierno.
En ese sentido, el área que dirige Pablo Bustinduy lidera una acción coordinada para poner al PP frente al espejo de lo que le piden sus propios votantes, que queda retratado en un estudio del Ateneo del Dato publicado esta semana, y que Sumar -partido al que pertenece el ministro- ha solicitado a través de su Grupo Parlamentario europeo, The Left.
Aún así, desde la formación de Yolanda Díaz siguen presionando también a la parte socialista del Gobierno, a la que piden que colabore para tratar de salvar el decreto. A su ofensiva institucional se suma el grito en las calles, con una movilización frente a Génova 13 convocada para este domingo, en la que los inquilinos pedirán a Alberto Núñez Feijóo que, aunque ya ha elegido, lo haga yendo de frente, bajo el lema "O con la gente o con los especuladores".
Dos de cada tres votantes del PP apoyan la prórroga de los alquileres
La pata institucional de la ofensiva de Sumar pone de manifiesto que el PP va en contra de sus propios votantes al negarse a apoyar el decreto de vivienda. También contra el sentir general de la sociedad, ya que un 73,6% de la población apoya la prórroga de los alquileres, según el estudio recogido por el grupo europarlamentario progresista. Más en detalle, casi un tercio -el 32,2%- lo apoyan "mucho", junto a la mayoría -el 41,4- que respondieron "bastante". Entre los que lo apoyan "poco" o "nada" suman el 22,2% de los encuestados.
El sondeo profundiza en la percepción del problema de la vivienda entre los españoles, y la importancia que le dan. En la parte política casi el 50% de los encuestados se replantearía su voto si su partido votara en contra del decreto, entre ellos un tercio de los de PP y Vox. En general, los votantes piensan que el sector público debe intervenir el mercado de la vivienda, poniendo el acceso universal por delante del negocio de los que especulan con ella. Con esta afirmación coinciden siete de cada diez personas de las encuestadas, siendo esta también la opinión mayoritaria entre los que votan a PP y Vox. De hecho, más de la mitad de los votantes de las derechas apoyan limitar los precios del alquiler en su zona.
Otra de las medidas que gana enteros entre la sociedad es la de topar a los grandes tenedores, limitando a tres el número máximo de viviendas que puede tener una persona, como defiende el 60% de la población, según el estudio. Y el número va a más cuando se habla de subir los impuestos a quienes acumulen más de una vivienda, que es una medida que apoyan tres de cada cuatro personas para los tenedores de dos o más casas.
Pero en el caso de PP y Vox, ya no es solo que su 'no' a este tipo de medidas podría hacerles perder votantes, es que, por ejemplo, dos de cada tres votantes del PP apoya la prórroga de los alquileres. Los que votan a Feijóo son los que ven con mejores ojos la prórroga de los alquileres (el 65%), después de los que eligieron la papeleta de Sumar (el 91%) o la del PSOE (el 81%). No se queda muy lejos la ultraderecha, pues el 60% de los votantes de Vox están a favor de la medida.
Bustinduy pide a Feijóo que se siente a debatir
Y es por ello por lo que desde el Ministerio de Consumo le tienden la mano al PP para salvar el decreto. El titular del ramo, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a Feijóo para pedirle que "reconsidere" su posición y recordarle los datos, como ha anunciado este miércoles en los pasillos del Congreso. "Puesto que no nos ha resultado posible transmitirles estas consideraciones de viva voz, me tomo la licencia de hacérselas llegar por escrito, con el único propósito de que su Grupo pueda valorarlas debidamente con carácter previo a la determinación de su posición en esa votación", dice el texto.
El ministro le recuerda a Feijóo que "dos millones y medio de compatriotas" se pueden beneficiar de la medida que él quiere tumbar. Personas que, "en las condiciones actuales de mercado", son vulnerables: "La renovación de esos contratos supondría para muchos de ellos tener que afrontar subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres". Bustinduy incide en que "para cientos de miles de familias, eso equivaldría a tener que abandonar su vivienda", y recoge en la misiva los datos de la encuesta que reflejan que, entre los propios votantes del PP, la lucha contra esa realidad es el sentir mayoritario.
Justo cuando la vivienda vuelve a ocupar el centro del debate político, Bustinduy no quiere darse por vencido ante el 'no' reiterado de los de Feijóo a apoyar su decreto, que ya han encontrado en Vox y Junts una vía para dar vuelo a sus propias políticas de vivienda. Las tres derechas se pusieron de acuerdo el martes para que se tramite en el Congreso una ley que permitirá acelerar los desahucios a personas vulnerables y tumbar el tope a los precios del alquiler que contempla la Ley de Vivienda estatal para las zonas tensionadas.
La sintonía entre las derechas, cada vez mayor, obliga a la izquierda a emplearse en sus políticas. En ese sentido, Sumar insta también a la parte socialista del Gobierno a remar a favor de salvar la prórroga de los alquileres. En el área de Isabel Rodríguez también llevan estos días el debate en el centro de su agenda. La ley pactada entre PP, Vox y Junts no fue si no un intento de opacar el anuncio, también el martes, del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas y blindará las viviendas protegidas, garantizando que no salgan al mercado. Los populares ya han anunciado que lo boicotearán a nivel autonómico, ofensiva que lidera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Sindicato de Inquilinas aprieta al PP en las calles
Y ante toda esta deriva del PP y la ofensiva política de Sumar, los inquilinos también toman la palabra en las calles. Ya lo hicieron el martes en el Congreso, cuando varias miembros del Sindicato de Inquilinas fueron expulsadas de la tribuna de invitados mientras el Pleno debatía la propuesta de PP, Vox y Junts. Mientras arrojaban papeles al hemiciclo, las activistas exigían a los diputados que elijan si están "con las vecinas o con el rentismo".
Cuando pides la prórroga el rentismo ya ha perdido. Pide la prórroga YA!
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) April 21, 2026
Se lo hemos dicho hoy en el Congreso y lo volveremos a decir el domingo 26. pic.twitter.com/YnB6V9G4cn
Amenazan a las derechas con que el voto en contra el próximo martes "les saldrá caro", algo que van a dejar claro también dos días antes de la votación. Este domingo hay convocada una concentración frente a la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova, para aumentar la presión sobre Feijóo para que aclare si está "con la gente o con los especuladores".
