Las comunidades del PP boicotearán el blindaje para siempre de la vivienda protegida

El Partido Popular (PP) defiende este miércoles en el Congreso de los Diputados su propuesta de vivienda, basada en facilitar los desahucios de los inmuebles propiedad de fondos buitre, bancos y empresas y en reducir la protección a las familias vulnerables. A la par, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presenta su alternativa para la Comunidad de Madrid, presumiendo de transformar locales comerciales en casas. Sin embargo, Génova y sus barones territoriales han confirmado que están en contra de garantizar que la vivienda pública protegida se blinde de por vida y no pueda servir para especular en un futuro.

El Gobierno ha aprobado su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, entre otras cosas, contiene el blindaje inalterable de las viviendas protegidas. Parece lógico defender que, si el Estado, cualquier Comunidad Autónoma (CCAA) o algún Ayuntamiento decide construir vivienda pública con el dinero de sus ciudadanos, estos inmuebles sean públicos, del conjunto de la población, de por vida. Sin embargo, esto acabaría con un negocio muy jugoso para las constructoras, comercializadoras, gestoras y una gran lista de concesionarias privadas que el PP se vanagloria de defender.

El Plan Estatal necesita de la colaboración de las autonomías, que disfrutan de casi la totalidad de las competencias en materia de vivienda, pero la amplia mayoría, en manos del PP, se muestran reticentes a aceptar los 7.000 millones de euros de financiación (60% aportado por el Estado y 40% por las CCAA), 5.000 millones para las regiones de los neoliberales, por el mero hecho de que la propuesta llega del Ejecutivo central. Si bien los Gobiernos autonómicos no se han atrevido todavía a negarse abiertamente.

No obstante, sí que han criticado lo que consideran una invasión de competencias, dado que en sus regiones prefieren construir vivienda con fondos públicos y permitir que se vendan años después a precio de mercado. La Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana ya han protagonizado una pataleta para justificar que rechazan cientos de millones de euros públicos para aliviar la crisis de la vivienda. Juan Manuel Moreno Bonilla, inmerso en la campaña electoral andaluza, no se ha atrevido a pronunciarse y Galicia, por su parte, es la única que ha deslizado que aceptará el plan.

Vivienda pública de por vida

Quienes acepten el plan deberán garantizar el blindaje de la vivienda pública de por vida y, tras este requisito, se esconde la verdadera razón de la negativa. En España se han construido casi tres millones de viviendas públicas en las últimas décadas, pero estas han saltado al mercado años después gracias a su liberalización y apenas quedan unos cientos de miles. Las pagan todos los ciudadanos y, años después, lejos de aliviar la crisis habitacional, fomentan la especulación y llenan los bolsillos de unos pocos. Resulta estúpido, pero así ha funcionado el país desde la llegada de la democracia.

El Gobierno de coalición ha decidido cambiar esta situación y blindar su protección de por vida. Parece una obviedad, o así lo entiende en todos los países europeos, pero el Partido Popular está en contra. Es doloroso pensar que, de haberse hecho décadas antes, la situación de la clase trabajadora sería muy diferente. Si bien unos pocos agraciados se habrían quedado sin negocio. Es posible que la contrariedad de los de Alberto Núñez Feijóo responda a esta disyuntiva, sobre la que decidieron hace mucho.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es quizá el más radical al respecto. En la Comunidad de Madrid no se recuerda una vivienda pública que se haya construido sin que intervengan una larga lista de intermediarios privados, paso de factura mediante, o que haya mantenido su protección más allá de unos años. El modelo sigue siendo el mismo en 2026 y el propio Ejecutivo presume de una protección que dura 15 años, lo que tan solo alarga el problema, más agravado al finalizar ese periodo, debido a que existirá menos suelo.

El modelo de construcción de vivienda pública, pagada por todos los ciudadanos, que pasa a ser privada con el trascurso de los años, a parte de beneficiar tan solo a unos pocos, es un engaño a la población. Múltiples familias sufren en la actualidad desahucios en pisos que fueron públicos, pero que ya no lo son. Familias ahora criminalizadas por la misma derecha que ha generado esta situación, pero que promete que su fórmula de liberalizar suelo, construir más a través de empresas privadas (colaboración público-privada lo llaman) y ni siquiera proteger la vivienda protegida, ahora sí que sí, es la fórmula correcta.