El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el que se pretende el impulso de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial y nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler, especialmente entre la población más joven. Para todo ello, la inversión asciende a los 7.000 millones de euros, el 60% de los cuales será asumido por el Ejecutivo central y el 40%, por las comunidades autónomas. Sin embargo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han dado la espalda al reciente anuncio del Ejecutivo español, que califican como “un instrumento para recentralizar competencias”.

En un vídeo compartido en redes, el consejero de Vivienda y Transportes en el Ejecutivo autonómico, Jorge Rodrigo, señala que “es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”. Pese a esta postura que viene a reflejar la batalla de Isabel Díaz Ayuso con Moncloa, lo cierto es que mediante este plan a la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales el Estado aportaría un 60%. Sin embargo, la postura defendida desde Sol es clara: ‘no’ a un plan que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.

Pese a que el Plan Estatal se someterá a votación en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, prevista para el próximo mes de mayo, el Gobierno central ya ha adelantado que las comunidades autónomas deberán aceptar diferentes condiciones para poder transferirles fondos. Entre estas destaca el blindaje de por vida de toda la vivienda pública que se construya a partir de este plan, es decir, que mantenga para siempre la calificación de VPO. Asimismo, también contempla que sean las comunidades autónomas las que financien el 40% de este plan. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, critican desde el Ejecutivo regional.

Entre otras condiciones, este Plan contempla que las comunidades compartan mayores datos sobre vivienda, sobre lo que Rodrigo añade que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda”. “O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha añadido el consejero del ramo. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, sostiene Rodrigo, a la vez que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”. “En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defendemos otras cosas. Defendemos respetar las competencias autonómicas, aumentar la oferta, no intervenir el mercado, colaborar con el sector privado para generar vivienda asequible y no depender permanentemente de la administración”, ha remarcado.

Una postura que, aunque no desvela el voto que el Ejecutivo madrileño dará en la conferencia sectorial, ya ha dejado las primeras reacciones en las filas de la oposición y del Gobierno central. Así, el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha hecho eco del rechazo de Sol al Plan Estatal con total contundencia. “El Gobierno plantea triplicar la inversión en vivienda pública en Madrid en el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Ayuso y Almeida dicen no. Os diré por qué: porque no quieren construir vivienda asequible y prefieren seguir con la especulación”, ha sostenido el secretario general de los socialistas madrileños.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, coincide también en que detrás de esta negativa se esconde que el Gobierno autonómico “no quiere vivienda pública, al punto de rechazar 1.100 millones para construirla”. “De que la vivienda está imposible en Madrid solo hay dos responsables: Ayuso y Almeida. No es solo que no apliquen topes de precios al alquiler, es que no quieren vivienda pública, al punto de rechazar 1100 millones para construirla”, ha espetado en su cuenta de X.

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