La reconfiguración del mapa político español continúa abierta. Tras años de bloques inestables, pactos complejos y una izquierda dispersa en múltiples siglas, reaparece un debate recurrente: si la unidad de las fuerzas soberanistas y progresistas puede convertirse en una herramienta decisiva para frenar el avance conservador y redefinir mayorías parlamentarias.
En ese contexto se sitúa la reciente propuesta formulada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha planteado la posibilidad de articular una candidatura conjunta de carácter soberanista y de izquierdas que trascienda las fronteras territoriales tradicionales y permita competir con mayor eficacia en el escenario estatal. La idea no es completamente nueva en la política española, pero adquiere un significado distinto en un momento marcado por la incertidumbre electoral, la polarización y la percepción de que la fragmentación penaliza especialmente a los espacios situados a la izquierda del tablero.
Quienes defienden esta fórmula sostienen que una coalición amplia permitiría optimizar el voto, reforzar la capacidad de negociación parlamentaria y proyectar una agenda social y plurinacional con mayor visibilidad. Bajo esta lógica, la cooperación entre fuerzas soberanistas no se entendería únicamente como una alianza identitaria, sino como una estrategia política orientada a consolidar derechos sociales, ampliar el reconocimiento territorial y garantizar la estabilidad institucional frente a eventuales mayorías conservadoras.
Sin embargo, la propuesta de Rufián también despierta reservas en distintos ámbitos políticos. Algunas formaciones temen que una candidatura unitaria diluya perfiles propios construidos durante décadas, mientras que otras cuestionan la viabilidad práctica de integrar sensibilidades políticas, ritmos territoriales y prioridades programáticas muy diversas. A ello se suma el interrogante sobre su capacidad real para atraer a electorados más amplios que, aunque sensibles a propuestas progresistas, no necesariamente se identifican con marcos soberanistas.
El debate, en todo caso, trasciende a los partidos. Remite a una discusión más profunda sobre cómo se articulan hoy las mayorías sociales en España, qué papel juegan las identidades territoriales en la política estatal y de qué manera puede la izquierda recomponer espacios de confianza en un ciclo marcado por la volatilidad electoral. También plantea preguntas sobre el futuro del parlamentarismo de coalición, la cultura del pacto y la posibilidad de construir proyectos compartidos en un entorno crecientemente fragmentado.
En los últimos años, distintas experiencias de cooperación entre fuerzas progresistas y soberanistas han mostrado tanto su potencial como sus límites. Han permitido sumar representación y condicionar agendas políticas, pero también han evidenciado tensiones internas, diferencias estratégicas y dificultades para sostener proyectos comunes a largo plazo. Esa doble lectura alimenta ahora un nuevo momento de reflexión, en el que la unidad se percibe simultáneamente como oportunidad y como riesgo.
A medida que se acercan futuras citas electorales, la discusión adquiere una dimensión más concreta. La posibilidad de que emerjan nuevas fórmulas de alianza, la redefinición de liderazgos y la búsqueda de marcos compartidos forman parte de un proceso abierto cuyo desenlace dependerá tanto de cálculos partidistas como de la respuesta social que susciten propuestas como la impulsada por Rufián.
Por eso, más allá de los equilibrios internos de cada organización, resulta relevante conocer qué piensa la ciudadanía sobre la eventual construcción de una coalición soberanista de ámbito amplio. ¿Se percibe como una herramienta útil para reforzar la izquierda y ampliar derechos, o como una fórmula insuficiente para responder a los desafíos sociales y económicos actuales?
