El debate sobre el papel de España en la OTAN vuelve a abrirse en un momento de fuerte tensión internacional. La guerra en Oriente Próximo, la presión de Estados Unidos sobre sus aliados europeos y las discrepancias sobre hasta dónde debe llegar la implicación militar de cada país han reactivado una pregunta que llevaba tiempo en segundo plano: ¿debe España mantener sin cambios su pertenencia a la Alianza Atlántica o debería volver a consultar a la ciudadanía?
La cuestión ha cobrado aún más fuerza después de que se haya conocido que el Pentágono valora posibles castigos contra aliados que no habrían apoyado suficientemente las operaciones de Estados Unidos en la guerra con Irán, entre ellos una medida de enorme carga simbólica: suspender o expulsar a España de la OTAN. La opción, recogida en un correo interno del Departamento de Defensa estadounidense, respondería al malestar de Washington por la negativa del Gobierno español a facilitar el uso de bases y espacio aéreo para operaciones militares contra Irán.
España forma parte de la OTAN desde 1982 y su permanencia fue sometida a referéndum en 1986, durante el Gobierno de Felipe González. Entonces, el “sí” se impuso con condiciones: no incorporación a la estructura militar integrada, prohibición de introducir armas nucleares en territorio español y reducción progresiva de la presencia militar estadounidense. Desde entonces, el contexto internacional ha cambiado profundamente. La Guerra Fría terminó, Europa ha vivido nuevos conflictos en su entorno y la OTAN ha ampliado su radio de actuación y su peso político.
Para los defensores de la pertenencia a la Alianza, la OTAN sigue siendo una herramienta imprescindible de seguridad colectiva, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania y en un escenario marcado por amenazas híbridas, ciberataques e inestabilidad en el Mediterráneo. Según esta visión, cuestionar la presencia de España podría debilitar su posición internacional y reducir su capacidad de influencia en decisiones estratégicas que afectan directamente a Europa.
Sin embargo, también crecen las voces que reclaman revisar el vínculo atlántico. Sus detractores consideran que la OTAN puede arrastrar a España a conflictos decididos por otros, especialmente por Estados Unidos, y que la presencia de bases estratégicas como Rota o Morón plantea dudas sobre soberanía, control democrático y política exterior propia. Para estos sectores, consultar de nuevo a la ciudadanía no implica necesariamente defender una salida inmediata, sino actualizar un mandato popular adoptado hace casi cuatro décadas.
La posible represalia del Pentágono añade un elemento nuevo al debate: si un aliado puede ser castigado por no sumarse a una guerra concreta, ¿la OTAN funciona como una alianza entre socios soberanos o como una estructura de obediencia a Washington? En este contexto, el debate no se limita a estar dentro o fuera de la Alianza. También afecta al modelo de pertenencia, al margen de autonomía del Gobierno español y al papel que debe desempeñar Europa ante Estados Unidos.
Por eso, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa: ¿debería España convocar un nuevo referéndum para que la ciudadanía decida sobre su permanencia en la OTAN?
