Encierro en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social para frenar el desahucio y subasta de 800 viviendas públicas

El Sindicato de Inquilinas ha tomado, en la mañana de este viernes, la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para frenar el desahucio y la subasta de 800 viviendas públicas en manos del organismo. Decenas de vecinos han irrumpido a planta baja del edificio, la cual no pretenden abandonar hasta que no se ponga fin “a todos los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la Tesorería General de la Seguridad Social” y a “las subastas” de los inmuebles afectados.

Dos medidas necesarias “para garantizar la permanencia de las viviendas públicas en el parque público y su destino a alquiler social permanente”. Asimismo, reclaman que se “ceda una parte de los locales comerciales (también en poder de la TGSS) a sindicatos y asociaciones sin ánimo de lucro que defienden tanto el derecho a la vivienda como el resto de derechos sociales” y se “alquile los locales restantes a cooperativas y empresas de la economía social y solidaria para fortalecer las redes comunitarias en los barrios.

El PSOE está vendiendo vivienda pública igual que hizo el PP.
No podemos tolerarlo más.#EncierroTGSS pic.twitter.com/YbvNcbSGBD

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) May 22, 2026

Por último, también solicitan la cesión de los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de Vivienda de Protección Oficial y la cesión de los solares no urbanizadles a asociaciones con la finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos para hacer frente a la gravedad de la crisis climática. Una lista de exigencias que defenderán durante su encierro, esperando poder negociar con representantes del organismo público.

La acción responde a un agravamiento de la tensión social que se viene experimentando de un tiempo a esta parte, principalmente por la inacción de las administraciones ante la creciente crisis y la protección de sus culpables. El Gobierno de coalición insiste en repetir que la vivienda es uno de los pilares del Estado y asegura que todos sus esfuerzos están depositados en combatir la crisis de precios, pero, en la práctica, múltiples organismo dependientes de la administración central (TGSS o Sareb), acometen desalojos y malvenden inmuebles a manos privadas. Por ello, el Sindicato de Inquilinas ha impulsado esta nueva protesta.

800 viviendas en juego

El sindicato señala que, según un informe de 2019 del Tribunal de Cuentas, el 21% de los inmuebles de la TGSS estaban vacíos, lo que se estima que son 800 viviendas. “Este dato refleja una ineficiencia y falta de voluntad política para gestionar el patrimonio público de manera adecuada, mientras muchas personas siguen esperando una vivienda digna”, denuncian. Además, esto genera un coste de 143 millones de euros al estar vacías. La solución elegida por el Gobierno es intentar vender los inmuebles a manos privadas.

“La TGSS está llevando a cabo desahucios invisibles al no renovar contratos de alquiler, lo que obliga a las vecinas a abandonar sus hogares sin una alternativa viable. Ahora mismo, hay alrededor de 30 familias en esta situación en los barrios de Argüelles, Ventas, Vallecas, Lavapiés”, denuncian las inquilinas. A esto hay que sumar las viviendas ya adjudicadas a inversores antes incluso de la subasta celebradas este jueves.

En sentido totalmente contrario, el Sindicato de Inquilinas exige acabar con todas las acciones del Gobierno que priorizan la función especulativa de la vivienda; utilizar el patrimonio público de vivienda disponible para garantizar su función pública y social; y destinar el patrimonio público restante (solares, locales, etc) para atajar la crisis social y ecológica producida por el auge del rentismo.

Reivindicaciones a las puertas de las grandes manifestaciones

El encierro del Sindicato de Inquilinas se produce a escasas horas de que de comienzo la ola de protestas, que arrancarán en Guadalajara este sábado. El día siguiente, domingo 24 de mayo, será una fecha clave con convocatorias simultáneas en Madrid, Teruel, Zaragoza y Badajoz. El mes cerrará con protestas en Burgos, Logroño y Murcia el día 30, y en Valladolid el día 31. Al inicio de junio, el día 5, la cita será en Vigo. El 6 de junio se convertirá en la jornada de mayor intensidad, con convocatorias en Catalunya, València, Alicante, Gijón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela.

En Cataluña, la movilización tomará la forma de macroencuesta sobre el coste de la vida en puntos descentralizados. La campaña de movilizaciones concluirá en Salamanca (21 de junio), en Málaga y en Cádiz (27 de junio) y Gran Canaria (28 de junio). Durante las marchas, los diferentes colectivos del movimiento de vivienda presentarán sus reclamaciones y señalarás a especuladores y administraciones como responsables. Este viernes, el Sindicato de Inquilinas ha preparado el terreno para una serie de protestas que se prevén multitudinarias.

“La vida nos cuesta la vida. Bajemos los precios” es el lema que ha elegido el Sindicato de Inquilinas para su nueva campaña. “Se necesita bajar los precios de los alquileres, contratos indefinidos que den estabilidad a quién habita las viviendas, acabar con el fraude de alquileres de habitaciones y temporada, recuperar las viviendas de los fondos buitre y crear un parque de vivienda público que no acabe en manos privadas”, presentan algunas de sus reivindicaciones.