Mariano, vecino de 67 años del número 1 de la calle Carnero (Madrid), enfrentaba este jueves su quinto intento de desahucio a manos de una orden religiosa. El desalojo estaba fechado para las 8:00 horas, pero, como es habitual en estas situaciones, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha acordonado la zona muchas horas antes, buscando evitar la resistencia vecinal. Sin embargo, el movimiento de vivienda estaba preparado y ha resistido la represión, lo que ha derivado en una respuesta policial “irregular”, denuncia el Sindicato de Inquilinas.
“El dispositivo policial no tiene precedentes. Lo que están intentando hacer hoy está lleno de irregularidades”, denuncia Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas presente en el desahucio. “En primer lugar, porque no han esperado a la comisión judicial y están intentando tirar la puerta abajo. En segundo lugar, porque han amenazado a las compañeras que están resistiendo con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen. Y, en tercer lugar, porque hay dos vidas en juego y, si se abre la puerta, dos personas que están colgadas de la ventana se precipitan al vacío”, detalla.
Ha habido un despliegue policial brutal, se han saltado todos los protocolos
Dos personas se han descolgado de las ventanas del inmueble, acto de resistencia cada vez más habitual, anclándose a la puerta de entrada de la vivienda, por lo que si la policía accede tirando la puerta abajo se precipitarán al vacío. “Hay cuatro puntos de anclaje de los que están colgadas nuestras compañeras. Si tiran la puerta se caerían”, le ha trasladado una militante a la Policía Nacional desde el interior del piso. Asimismo, el sindicato recuerda que los agentes antidisturbios no están capacitados para acometer las actuaciones de descuelgue de las militantes, para lo que se requiere el aviso a los bomberos.
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está siendo muy criticada por el movimiento de vivienda, que alerta del riesgo vital de varias personas. “Hay dos personas que tienen su vida en juego en estos momentos”, expone la portavoz. “La situación es super tensa. Ha habido un despliegue policial brutal, se han saltado todos los protocolos, han echado a la mediación, que había pactado no identificaciones, pero se han producido, y han detenido a gente. No han esperado a la comisión judicial para ejecutar el desahucio. Simplemente están cometiendo todas las irregularidades posibles”, insiste, todavía desde el lugar.
Estado, Comunidad y Ayuntamiento, responsables
La situación que, todavía a estas horas, se está viviendo en el barrio de Embajadores es tensa y peligrosa. Desde el Sindicato de Inquilinas señalan directamente a los responsables, presentes en todas las administraciones implicadas. “Los culpables son Delegación de Gobierno, por este dispositivo policial inadmisible para echar a una persona de 67 años; Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno incapaz de derogar la ley mordaza, que asfixia al movimiento de vivienda desde hace muchos años; Isabel Rodríguez, que no ha tomado ninguna medida eficaz durante toda la legislatura, además de dejar caer la moratoria de desahucios y el decreto de alquileres”.
Además, también ponen el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, como “directos responsables de la barbarie que se vive en la ciudad y de las pocas alternativas disponibles para los madrileños”. “Lo que se está viviendo hoy es una auténtica vergüenza”, zanja Vilariño. Todos los niveles de la administración, con la connivencia judicial y la ejecución policial, contra un hombre de 67 años y los vecinos que lo apoyan y defienden.
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