El Tribunal de Cuentas del Estado adjudicó contratos a un empresario que realizó obras de reforma en los domicilios particulares del vicepresidente de la institución y consejero de fiscalización, propuesto por el PP, Javier Medina, y de su hermano, Enrique Medina, que fue gerente del tribunal hasta finales de 2012.

Fraccionó contratos para evatir concurso publico
El Tribunal de Cuentas, que se encarga de fiscalizar y sancionar a las Administraciones públicas que vulneran la ley, burló la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas al fraccionar adjudicaciones para no superar el máximo legal de 30.050,61 euros, y evitar así convocar concurso público.

El empresario fue contratado por otros altos cargos de la institución
Según confirmó el empresario contratado por el Tribunal de Cuentas a El País, Ángel Ortega, los hermanos Medina le encargaron a título particular que les pintara y acuchillara el parqué de sus casas, entre otras reformas. Además de ellos, otros altos cargos de la institución también usaron sus servicios. El empresario explicó que recibió contratos del tribunal durante años hasta la llegada del actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, en julio de 2012.

Fuentes del tribunal aseguran que se han "troceado" contratos
Fuentes del Tribunal de Cuentas han confirmado que “ha habido un troceo injustificado de las obras que se han hecho en la sede en los últimos años”. El empresario andaba por el tribunal como por casa: disponía de una habitación dentro de la institución. El Tribunal no ha querido facilitar los contratos que se adjudicaron al empresario desde 2001. Se ha limitado a facilitar los importes globales por años adjudicados al empresario. Por ejemplo, en 2010, Ortega recibió 50.414 euros; en 2011, 30.022 euros; en 2012, 37.529 euros.