El juez Pablo Ruz, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Archivo
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy que la plaza que ocupa el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional sea sacada a concurso, escondida entre otras 364 plazas. La decisión ha contado con el voto en contra del vocal designado por el PSOE, Álvaro Cuesta, pero también el voto a favor de la otra vocal designada por los socialistas, Mar Cabrejas. Por ello, la votación ha quedado cuatro a uno, incluyendo en el bloque a favor el voto del presidente, Carlos Lesmes. A Ruz se le permitirá seguir en comisión de servicio hasta marzo de 2015, cuando tome posesión de la plaza el sustituto elegido.
A partir de esa fecha, Ruz se tendrá que conformar con seguir en una nueva comisión de servicio "en condición de refuerzo" para que siga con la investigación del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. Sin embargo, para ello deberá pedir otra prórroga dentro de plazo, que el juez titular le permita quedarse y que su petición sea aprobada por la misma Comisión Permanente controlada por el PP que le ha puesto fecha de caducidad.
Prórrogas hasta 2015
Lo cierto es que Ruz entró en comisión de servicio en junio de 2013 y, por ley, puede pedir durante dos años prórrogas de seis meses, lo que le habría permitido seguir hasta el verano de 2015 investigando el caso Gürtel. Además, la plaza que ocupa Ruz, la del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, pertenece al juez Miguel Carmona, destinado por el Gobierno como juez de enlace con Londres. Pero el Gobierno ha sacado a concurso aquellas plazas que ocupan jueces en comisión de servicio, vendiéndolo como una medida para reforzar y apoyar a los jueces en su lucha contra la corrupción.
Carambolas judiciales
Por otra parte, la decisión ha sido tomada por la Comisión Permanente del CGPJ, donde los miembros propuestos del PP son mayoría, más aún tras la dimisión de una vocal catalana, Mercè Pigem, a la que se le descubrió introduciendo dinero desde Andorra, aunque la cantidad no superaba el límite legal. Fue sustituida por Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, propuesto por el PP y que fue desimputado por falsedad documental pocos días antes de su nombramiento.
Decisión del Pleno
Los vocales progresistas del CGPJ habían solicitado a su presidente, Carlos Lesmes, que la decisión que afecta a Ruz fuera tomada en el Pleno del órgano, para evitar que las partes implicadas en el caso Gürtel puedan recurrir el cambio de magistrado. Sin embargo, Lesmes se negó alegando que la petición, que firmaban hasta siete vocales, se había registrado fuera de plazo.
