El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), conversa con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (i), al inicio hoy de la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE
El Consejo Fiscal da un espaldarazo a la retrógrada reforma del aborto que planea el Gobierno y en un informe que aprobará este lunes, incluso, reclama endurecer la ley en algunos aspectos, como que se castigue con multas a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en los casos que no estén permitidos por la ley.
El aborto no es un derecho de la mujer
El dictamen de Consejo Fiscal, del que la SER adelanta algunos puntos muy polémicos, apoya la supresión del sistema de plazos al considerar que hay que proteger la vida del no nacido y niega que el aborto sea un derecho de la mujer. El organismo consultivo respalda en términos generales el proyecto del Gobierno a pesar reconocer que es más restrictivo que la primera ley del aborto de 1985.
Más control de los médicos
El órgano consultido ve que la ausencia de reproche penal para la mujer que aborta "supone un recorte cualitativo de la protección penal de la vida del nasciturus y puede entenderse como incoherente con los principios de la norma y el marco constitucional".
El dictamen, que se aprobará este lunes, solicita, además, mayor control sobre los médicos que emiten los informes favorables al aborto. Al respecto, considera que no es una garantía suficiente la exigencia de que los médicos no desarrollen su actividad en el centro donde se vaya a practicar la interrupción y proponen que el informe sea emitido por médicos de la sanidad pública sin vinculación alguna con el centro privado.
Pide eliminar el supuesto de malformación del feto
En el informe del Consejo Fiscal, de 56 folios y firmado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres- Dulce, respalda la polémica eliminación del supuesto de anomalía fetal como razón para permitir el aborto porque entiende que es una "opción legítima de política criminal". En este punto, reclama al Gobierno una reflexión final sobre este asunto a la luz de la experiencia de la aplicación de las dos leyes anteriores y de la regulación existente en los países de nuestro entorno que también han suscrito la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
