La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha dejado su escaño después de haberlo anunciado hace dos años. Con la soga al cuello por las evidencias que apuntan a que favoreció a su amigo, el constructor Enrique Ortiz con el Plan General de Ordenación Urbanística, la política popular ha exprimido todas las posibilidades que le daba su condición de aforada. Después de que sus posibilidades ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se hayan agotado, Castedo da un giro a su situación procesal, que será instruida ahora que ya no es parlamentaria, en la Audiencia Provincial de Alicante.
Lo mismo que Alperi y Milagrosa Martínez
Castedo ha seguido los pasos de su antecesor en el puesto, el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, también el de las exconsejeras Angélica Such y Milagrosa Martínez, que han renunciado a sus escaños y han parado en seco sus causas en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que le juzgaban como aforados.
Hasta 13 imputados en el PP valenciano
España es campeona en número de aforados, una figura que no existe en otros países y que impide que se juzgue a políticos en tribunales ordinarios. El caso del PP valenciano, en el que ha habido en esta legislatura hasta 13 diputados imputados en casos de corrupción ha provocado polémica. Jorge Bellver, Francisco Camps, Ricardo Costa, Pedro Ángel Hernández Mateo, Rafael Blasco, Angélica Such, Milagrosa Martínez, Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García y Alicia de Miguel, son los populares imputados desde 2011, según recuerda este sábado El País.
Condenado a prisión siendo aún diputado
Ha habido de todo. Hernández Mateo fue condenado a prisión cuando todavía conservaba su acta de diputado. Por su parte, Ricardo Costa o el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi fueron imputados por hechos nuevos cuando ya estaban siendo investigados en otros procedimientos judiciales por corrupción.
Con el banquillo pisándole los talones
Las dimisiones de Milagrosa Martínez y Angélica Such se produjeron con la investigación cerrada y las fechas del juicio señaladas. La Fiscalía ha impedido que su caso se remita a la Audiencia de Valencia y quiere mantenerlo en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. El Supremo tendrá que decidir, pero pasará un año antes de que ocurra. En el caso Brugal, que afecta a Castedo también pasará tiempo ya que un nuevo juez tendrá que estudiar el caso antes de echar a rodar.
