Una gran empresa pública de vivienda. Ese el compromiso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adquirido con la sociedad española, tal y como anunció en el mitin de clausura del 41º Congreso Federal del Partido Socialista en Sevilla. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense, tras una presentación cuasi a modo NBA, tomó la palabra y sugirió que la única respuesta que darán a la ofensiva “política, judicial y mediática” de la derecha y la ultraderecha será a golpe de legislación y empoderamiento de la clase trabajadora. ¿Cómo? Blindando de esta manera la vivienda pública, con Viena como paradigma y con algunas complejidades para llevarlo a cabo.
La construcción de vivienda pública no es una propuesta novedosa, aunque sí en España desde un prisma estatal. Madrid, con todas las luces y sombras existentes -venta de vivienda pública a fondos buitre- cuenta con una entidad orientada a dicha materia; la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Un organismo que se disemina a escala local por la inmensidad del país y cuya razón de ser -al menos en su concepción- es la de ser un promotor municipal de vivienda protegida, además de implantar políticas de realojos. Todo ello sin contar la problemática de la perenne privatización que la derecha ha adoptado de organismos públicos de este calado. Véase la venta de inmuebles públicos al fondo Blackstone. A grandes rasgos, ese sería el espíritu de la idea que verbalizó el domingo en Sevilla el presidente del Gobierno.
Tampoco en Europa es una receta innovadora. Otros países del entorno comunitario tienen muy presente en su legislación la construcción de vivienda pública. Estados como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (21%) han desarrollado políticas en este sentido. Incluso Suecia llevó a cabo el proyecto un millón de viviendas entre las décadas de los 60 y 70, debido a una falta exacerbada de vivienda, que provocó un éxodo sin parangón a las ciudades, así como la proliferación de nacimientos por encima de los índices de aquella época. Pero no sólo en el centro y el norte del continente, también Francia ha apostado por este modelo con cerca de cuatro millones y medio de viviendas de este corte. España, que se ha subido tarde a este tren, apenas cuenta con medio millón.
¿Implantación del modelo vienés?
Sánchez a duras penas dio un brochazo en su anuncio a bombo y platillo. Poco se sabe de la iniciativa, que aún estará en pañales, a pesar de que el PSOE, antes del cónclave, dio alguna pincelada más fina en este sentido al sugerir un blindaje constitucional a la construcción de vivienda pública. Quizás, desde un enfoque inspiracional en el modelo de Viena, cuyo ayuntamiento es el propietario mayoritario. No obstante, disputan el partido otros jugadores como asociaciones sin ánimo de lucro y otros promotores privados. En definitiva, un paradigma que tiene 100 años de aplicación y que deja el precio final del arrendamiento de vivienda en manos del Gobierno, sin que este pueda exceder el 30% de los ingresos de los inquilinos.
En consecuencia, se antoja complicada la implantación de un modelo de tal calibre a nivel estatal. El reparto competencial en materia de vivienda deja en cuarentena esta idea, debido a que son las comunidades autónomas las que -en virtud del acuerdo constitucional- regulan en este aspecto. De hecho, ya existen tiranteces entre las regiones dominadas por el Partido Popular y la Administración central por la no aplicación de la ley de vivienda que, aún existiendo, debería estar acompasada de la aprobación de otras figuras legales.
Terreno de juego complejo
Y es precisamente ese acompañamiento el que dificulta que el compromiso de Sánchez sea efectivo con carácter inmediato. Con carácter interno, al margen de la batalla competencial, sería necesario desbloquear la Ley del Suelo, que coge polvo en los cajones del Congreso de los Diputados después de que el Gobierno la retirase por falta de apoyos. El problema, de hecho, viene de ahí; de la Carrera de San Jerónimo. El dibujo del Hemiciclo, con presencia mayoritaria de fuerzas de derechas, impide que esta legislación salga adelante.
Aunque los socialistas se guardan bajo la manga un camino alternativo para que la vivienda pública gane peso en el país. Según explican desde el partido, buscarán estimular la “construcción modular para reducir los tiempos de construcción y mejorar el control de calidad y la sostenibilidad de viviendas”, además de promover en Bruselas una “reforma legislativa para que los fondos de cohesión y las ayudas de estado financien” la construcción del parque público de vivienda. Por otro lado, plantean nuevos incentivos fiscales para aquellos que quieran rehabilitar sus viviendas vacías y las pongan en alquiler a precios razonables. Una iniciativa que está concebida sobre todo para zonas tensionadas; aunque también buscan seducir a los arrendadores con un “seguro público” contra impagos y desahucios que les dará más garantías.
¿Y qué pasa con la Sareb?
Entre las recetas socialistas para estimular la construcción de vivienda pública entra la movilización de una buena parte del paquete que está bajo el control del banco malo; conocido también como la Sareb. Cuenta con una carta de 50.000 viviendas, según ha deslizado Sánchez en reiteradas ocasiones y desde su creación, en 2012, ha absorbido más de 50.000 millones en activos. Todos ellos se financiaron con deuda avalada por el Gobierno, aunque tiene fecha de caducidad.
Se estipularon 15 años como fecha límite para desprenderse de todo el patrimonio e ir devolviendo de esta manera una porción del rescate a las cajas de ahorros. Dentro de su paraguas se encuentra la promotora Árqura Homes, que dispone de suelo para unas 16.000 viviendas por un valor próximo a 800 millones de euros, aunque fuerzas políticas se han opuesto a la venta del parque público de la Sareb y clamaban por que su parque de vivienda pase a titularidad estatal. No obstante, es necesario un cambio en la normativa interna de la empresa para convertirse en promotora pública con precios razonables.
En consecuencia, por aquí podrían ir los tiros del anuncio de Sánchez, habida cuenta de que el Estado es titular de un 50% del accionariado de la Sareb. El resto, por el contrario, lo controlan bancos y otras entidades de carácter privado, aunque podría quedarse como la nueva empresa pública que plantea el presidente o, en su defecto, ser el germen de esta.