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Ceuta sigue sin haber recobrado la normalidad 60 días después. Lejos de sentir que la crisis migratoria surgida a finales de julio está más cerca de solucionarse, los vecinos de la ciudad autónoma continúan afrontando una situación de incertidumbre constante y hallando a miles de personas que, ante una respuesta del Gobierno que se está tornando escasa, siguen malviviendo en sus calles.
Esta crisis migratoria es una de las complejas que España ha vivido en las últimas décadas, tornándose un asunto que ha penetrado con fuerza en el diálogo político del país, que ha provocado reacciones en Europa y que está generando una notable agitación social con perspectivas enfrentadas sobre si prestar una mano amiga al inmigrante o cerrar las fronteras.
¿Cómo sucedió la llegada masiva de más de 70.000 personas?
Interior fijó en 72.000 las personas que accedieron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. El episodio, que se produjo por tierra y, sobre todo, por mar, dejó imágenes impactantes que mostraban cómo una avalancha de decenas de miles de personas llegaban a las costas de la ciudad autónoma. Un episodio que tenía lugar mientras otros tantos se concentraban en Fnideq para intentar alcanzar la ciudad.
Debido a la polémica surgida y las preguntas que muchos pedían al Ejecutivo de Sánchez que respondiera, el Gobierno de España optó por desclasificar los informes preparados por los cuerpos de seguridad sobre este suceso y permitir que se llevara a cabo una reconstrucción de lo sucedido. El CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de convocatorias en redes sociales para entrar a nado y por la valla. Dos grupos acumulaban unos 180.000 seguidores. El CENIF elevó el nivel de riesgo y apuntó a la festividad del Trono de Marruecos como un factor que podía relajar el dispositivo policial. El propio CNI precisó después que sus avisos no anticiparon la magnitud del episodio.
Foco de tensión política: de las acusaciones a la reprobación de Marlaska
La crisis se convirtió desde el primer momento en un nuevo frente para la disputa entre Gobierno y oposición. PP y Vox han mantenido una actitud especialmente ofensiva con este asunto desde el inicio y cuestionado la actuación del Ejecutivo,que muchos hallan insuficiente. En este tiempo, han reclamado explicaciones sobre los avisos previos, los retornos y el papel de Marruecos. El Congreso reprobó a Fernando Grande-Marlaska el 16 de septiembre por su gestión y reclamó al Gobierno explicaciones a Rabat.
En este tiempo, además de pedir respuestas efectivas al Gobierno de Pedro Sánchez, los de Feijóo y Abascal han hallado una nueva baza en su argumentario político, pasando en numerosas ocasiones de la gestión a presentar discursos encaminados a avivar el fuego de la crispación.
El Ejecutivo ha defendido que no pudo anticiparse la dimensión del episodio y que la prioridad ha sido reforzar la frontera, garantizar la acogida y gestionar los retornos conforme a la legalidad. La publicación de los informes desclasificados ha reabierto el debate sobre qué información llegó a las instituciones y qué decisiones se tomaron antes y durante la entrada.
Marruecos, entre la cooperación y las sospechas sobre su papel
Desde las primeras horas de la crisis, una pregunta quedó sobre la mesa, no siendo otra que cuestionar si la entrada masiva había sido únicamente el resultado de una movilización espontánea o si, por el contrario, había existido una actuación deliberada desde el otro lado de la frontera. En los primeros días, las autoridades españolas mantuvieron una posición prudente y el Gobierno negó disponer de pruebas que acreditasen que Marruecos hubiera impulsado u organizado la entrada.
La investigación posterior ha introducido nuevos elementos. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la Audiencia Nacional describió los acontecimientos como una entrada “planificada” y señaló la presencia de agentes marroquíes uniformados y de paisano que, según el documento, habrían dirigido o monitorizado parte de los movimientos hacia los puntos de acceso a Ceuta. Según se pudo conocer, el informe hablaba de una “total permisividad” de los agentes marroquíes y de comportamientos compatibles con el control del flujo de personas.
La controversia llegó también a las propias estructuras policiales. El director general de la Policía aseguró que no existía ningún informe policial que atribuyera a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido y que los documentos disponibles no permitían establecer la implicación de ningún Gobierno o servicio.
La Audiencia Nacional abrió finalmente una investigación penal y la jueza María Tardón consideró que existían indicios de una “gestión favorecedora” desde Marruecos, al apreciar un supuesto “guiado activo” de personas por parte de agentes marroquíes. La investigación deberá determinar ahora qué alcance tuvieron esas actuaciones y, sobre todo, si puede establecerse algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Ceuta, una ciudad que todavía arrastra el impacto
Durante unas horas, playas y espacios públicos se convirtieron en lugares de acogida improvisada y la presión sobre los dispositivos asistenciales fue especialmente intensa para los menores no acompañados. La situación obligó a habilitar nuevos recursos y a reforzar los dispositivos de atención.
Dos meses después, la huella continúa visible en los asentamientos. Este martes, la Policía desalojó la playa de Benítez y trasladó a sus ocupantes al CATE del Tarajal para su filiación y posterior reubicación. La operación se produjo mientras el Gobierno ampliaba los espacios destinados a la acogida.
Italia y Europa: la crisis salta las fronteras españolas
Italia decidió romper el Espacio Schengen y reintrodujo el 31 de julio controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España para viajeros no comunitarios, alegando razones de seguridad vinculadas a Ceuta. El Gobierno de Meloni ha sido uno de los más críticos con Sánchez y ha aprovechado esta situación para endurecer su discurso en Europa contra la inmigracción. En respuesta a esta actuación, España respondió con una medida equivalente y ambos países fueron prorrogándolas durante semanas. La última prórroga española está vigente hasta el 7 de octubre.
Por su parte, la Comisión Europa, después de haber sido también crítica, avanzó en septiembre con España para facilitar asistencia financiera y operativa, mientras el Parlamento Europeo pidió más protección de las fronteras exteriores, cooperación con Marruecos y el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.
¿Cuántos inmigrantes quedan en Ceuta?
Las cifras han ido cambiando según el momento y el perímetro del recuento. El Gobierno estimó que unos 20.000 permanecieron tras la entrada masiva. El 24 de septiembre, fuentes gubernamentales situaban en más de 12.000 los que seguían en Ceuta, con miles en el sistema de acogida y menores bajo tutela de la Ciudad Autónoma.
El 29 de septiembre, sin embargo, el ministro Ángel Víctor Torres afirmó que en las calles quedaban entre 2.500 y 3.000 personas. Desde el 10 de agosto, dijo, habían retornado 8.243: 449 mediante expulsión y 7.794 voluntariamente. La diferencia refleja la movilidad constante y que las cifras responden a distintos ámbitos de recuento.
Este es uno de los asuntos que más tensión están provocando, tanto por la presencia de menores y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como por las quejas que los ceutíes están mostrando a los inmigrantes que permanecen en sus playas.
¿Qué ocurrirá ahora?
El Gobierno aprobó este martes un nuevo espacio de acogida junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal y sigue estudiando cambios legales para acelerar los expedientes y los retornos. También prepara medidas para agilizar la resolución de solicitudes de protección internacional, un terreno que plantea dudas jurídicas y ha provocado advertencias de organizaciones humanitarias. El Ejecutivo no aprobó finalmente este martes el decreto ley con el que pretendía acortar los plazos, aunque mantiene abierta esa vía. Mientras tanto, la frontera permanece reforzada y Marruecos mantiene dispositivos para impedir nuevos cruces.
