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El contenido de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno se ha conocido un día después del Consejo de Ministros. La letra pequeña de lo que han pactado el Partido Socialista y Sumar para contentar a las calles deja, un día tarde, más dudas que certezas. Su futuro, además, sigue sin estar garantizado a menos de 48 horas de que se vote en el Congreso de los Diputados.
En parte es por la forma en la que el Ejecutivo ha procedido con los decretos, que se sale de lo habitual. Las medidas de la ‘vía Maricarmen’, finalmente, se aprueban “descafeinadas”, opinan los movimientos de la Puerta del Sol, y divididas en dos textos. El segundo contiene la prórroga automática de los alquileres, que se separan del resto de bonificaciones fiscales, suspensiones de desahucios y prohibición de compras especulativas -que se aprueban con fecha de caducidad- porque está previsto que la tumbe la derecha en el Congreso.
El primero de los decretos se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, pero el segundo todavía no ha entrado en vigor. Esto se debe a que “la última norma publicada es la que prevalece”, explican desde Moncloa. “El segundo decreto establece que los contratos son indefinidos, mientras que el de hoy pone hasta diciembre de 2028”.
Publicación en dos días y traslado al Congreso al límite
Esto provoca una situación insólita, en la que el Gobierno va a oficializar este jueves una norma que anula lo que dice otra publicada un día antes. Así se especifica en el texto del segundo decreto, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler para, en la práctica, convertirlos en indefinidos. El grueso del texto reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), e incluye también indemnizaciones para inquilinos pagadas por los caseros de hasta un año de renta.
En su disposición adicional primera, el decreto coordina su contenido con el publicado el día anterior. “La prórroga extraordinaria prevista en la disposición final quinta” del primer decreto, que permite ampliar el contrato de arrendamiento hasta 2028, “no será de aplicación cuando proceda la prórroga prevista en el artículo 10.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos”, que se reforma para hacer las prórrogas automáticas y se publicará este jueves, según el Gobierno.
A esto se suma que el Ejecutivo ha esperado hasta el último momento para trasladar los dos textos a los partidos del Congreso, que según el Reglamento deben contar con ellos 48 horas antes de que empiece el debate. El Gobierno pidió una sesión extraordinaria a la Cámara Baja para este mismo viernes, cuya hora de inicio está prevista para las 11:00 horas, y no para las 9:00 como es habitual. Para cumplir con el plazo, fuentes cercanas a la presidencia del Congreso han confirmado que se han enviado los decretos a los portavoces poco antes de las 10:00 horas de este jueves.
Las calles rechazan los decretos: “Son insuficientes”
La acción del Gobierno para responder a las movilizaciones por la vivienda impulsadas por el desahucio de Maricarmen hace una semana es la siguiente: dos decretos separados, que no se han conocido hasta este miércoles, que se anulan el uno al otro, y que han llegado al límite al Congreso. A esto se suma que los colectivos de vivienda que acampan en la Puerta del Sol y en varias plazas de España los rechazaron incluso antes de que saliera a explicarlos -sin tener todavía el texto delante- la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y por separado los miembros de Sumar en el Ejecutivo.
El motivo es que, aunque aseguran que no es ninguna sorpresa, el texto definitivo del primer decreto dista mucho de lo que prometió el Gobierno, y mucho más de la ‘vía Maricarmen’ que exigían las calles. Creen que los "parches" que ponen estos decretos no avanzan en solucionar la crisis habitacional. "Lo que hacen es paliar el problema de la vivienda, y no atiende a las causas", lamenta Carlota, de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) desde Sol. "Se tiene que prohibir la especulación para que en el futuro deje de haber esa concentración de vivienda en manos de unos pocos", exige.
La prohibición de la compra especulativa de viviendas a los fondos buitre, finalmente, se limita al 70% del valor de mercado del inmueble, y no pone tope al precio de alquiler que quiera imponer la sociedad después. Además, la prohibición de desahuciar a vulnerables, que se recupera solo hasta 2030, incluye la salvedad de que al inquilino se le ofrezca una alternativa habitacional, que no se define, y la rechace sin causa justificada.
