El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva este jueves a la reforma de la Ley del Derecho de Asociación, impulsada por el PSOE, con el objetivo de permitir la disolución de aquellas entidades que glorifiquen el franquismo y humillen a sus víctimas. La iniciativa, que forma parte del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, fue respaldada por los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que las enmiendas introducidas por el PP en el Senado han sido rechazadas.
La reforma había sido modificada en la Cámara Alta aprovechando la mayoría absoluta del Partido Popular, que trató de suavizar el contenido de la norma eliminando la referencia explícita al franquismo e introduciendo menciones al enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, estas modificaciones no han prosperado en el Congreso, donde solo han contado con el apoyo de Vox y Unión del Pueblo Navarro. El texto final que será publicado en el Boletín Oficial del Estado será, por tanto, el aprobado inicialmente en el Congreso.
Durante el debate, el diputado socialista Raúl Díaz acusó al PP de querer “blanquear la dictadura como ofrenda a la extrema derecha”, en referencia a su acercamiento político a Vox. Las formaciones progresistas criticaron duramente las enmiendas del Senado, interpretándolas como un intento de desviar el foco de una norma que responde directamente al mandato de la Ley de Memoria Democrática.
La reforma incluye una disposición adicional a la Ley de Asociaciones que habilita la disolución de entidades que realicen actividades que supongan una apología del franquismo. Esto incluye el enaltecimiento del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura franquista, la exaltación de sus dirigentes y cualquier manifestación que implique menosprecio o humillación a las víctimas del franquismo, la guerra civil o la dictadura, así como la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia por dicha condición.
El texto especifica que la disolución no dependerá de los fines declarados en los estatutos de la asociación ni de su inscripción formal en el registro, ya que este último trámite es solo un requisito de publicidad. Cualquier asociación podrá ser objeto de disolución si incurre en las conductas descritas, con independencia de su situación administrativa.
La reforma contempla que esta medida solo podrá adoptarse mediante resolución judicial, y la acción podrá ser instada tanto por el Ministerio Fiscal como por asociaciones memorialistas. Además, se habilita la vía penal para solicitar la disolución cuando concurran delitos contra los derechos fundamentales, en especial por asociación ilícita en casos de incitación al odio o violencia.
Esta modificación legislativa cumple con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que establecía la necesidad de adaptar la legislación sobre asociaciones a los principios de reparación y justicia histórica.
Aunque la reforma afecta exclusivamente a asociaciones - y no a fundaciones -, se enmarca dentro del esfuerzo del Gobierno por combatir la impunidad del franquismo en todas sus formas. La Fundación Francisco Franco, por ejemplo, no se verá afectada directamente por esta norma, al estar sujeta a un procedimiento distinto bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, que inició hace un año el proceso para su posible disolución. Sin embargo, la reforma evitará que entidades como esta intenten sortear futuras acciones legales convirtiéndose en asociaciones.
