El ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, tiene este jueves una cita en el Tribunal Supremo que podría terminar con su traslado a prisión, acompañado de su exasesor, como medida preventiva ante las elevadas penas de cárcel que las acusaciones piden a los dos implicados en la trama Koldo. Más allá de las derivadas judiciales, lo cierto es que en el Congreso de los Diputados se produciría en una situación anómala, con un diputado encarcelado al que puede suspender, pero no retirar el acta.
La Cámara Baja ya trabaja en esta situación, dado que la conformación de mayorías, que se juegan por la mínima en esta legislatura, se vería sumamente alterada. Tan solo un escaño, pero que en ocasiones como la votación reforma laboral y otras importantes normas ha significado que el pulgar se inclinase hacia arriba o hacia abajo. La Mesa regidora de la institución y los diferentes Grupos Parlamentarios ya trabajan en dicho escenario, estudiando anteriores presentes para encontrar un resquicio con el que reducir la mayoría absoluta, algo que no parece sencillo.
La semana viene cargadita en el Congreso de los Diputados. A la sesión de control celebrada este miércoles, se sumará un día después la votación de la senda de déficit presentada por el Ministerio de Hacienda, clave para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta podría ser la última vez que Ábalos eligiese entre los diferentes botones de su escaño antes de dirigirse a la cárcel. No obstante, antes de ser suspendido de sus funciones, deberá seguirse un proceso minuciosamente marcado y que ha podido verse en anteriores casos.
El Tribunal Supremo es la institución que deberá remitir a la Mesa de la Cámara Baja la notificación de ingreso en prisión preventiva del exministro, momento en el que el órgano rector deberá reunirse para suspenderle de sus funciones. “Los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, recoge el Reglamento del Congreso en su artículo 21. Ni participar ni cobrar, es lo que supondría para Ábalos.
El principal problema para el Gobierno de coalición, que vería aún más lastradas sus posibilidades de sacar adelante leyes, es que en situaciones similares se ha optado por no alterar las mayorías. Ocurrió en 2019, cuando Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, los tres de Junts per Catalunya, perdieron su condición de diputado tras ser condenados en el marco del juicio del Procés. En aquel momento, los letrados de la Cámara, a consultas de la Mesa, emitieron un informe contrario a reformar las mayorías.
“De acuerdo con los precedentes, la situación de suspensión de un diputado en sus derechos y deberes debe diferenciarse de la no adquisición de la condición plena, así como de la pérdida de dicha condición”, apuntaba aquel informe. Ábalos, igual que los afectados por el procés, se encuentra en el primero de los casos. “Por ello debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución”, explicaban.
Esto significaba que no podría verse así afectado el número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta, fijado en los 176 escaños, ni “el resto de las mayorías especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento del Congreso”. Los aliados de derechas, Partido Popular (PP) y el todavía vivo Ciudadanos, se negaron seis años atrás a rebajar las mayorías, posición que parece que volverá a asumir este bloque, que han abandonado los naranjas y al que se ha sumado la extrema derecha.
