Desde este lunes, 20 de abril, ya se puede solicitar de forma presencial la regularización aprobada por el Gobierno para los migrantes que llevaran más de cinco meses en España el 1 de enero de este año. Aquellos que reúnan los requisitos y hayan solicitado cita previa ya pueden acudir a los más de 400 puntos en todo el país para regularizar su situación.
El Real Decreto del Ministerio que dirige Elma Saiz, que modifica la Ley de Extranjería del año 2000, se publicó el pasado miércoles en el BOE, abriéndose el jueves el plazo para solicitarla de forma telemática, que acumuló 13.500 solicitudes en 24 horas. Ahora, cuando arranca el proceso presencial, casi 20.000 personas ya han pedido cita para hacerlo, por lo que el Gobierno ha previsto un plan de refuerzo del personal extraordinario con más de 600 trabajadores extra.
El proceso ya ha comenzado, y seguirá en marcha hasta el próximo 30 de junio, que es la fecha límite que contempla el decreto para solicitar distintos documentos como la autorización de residencia temporal excepcional por razón de arraigo. O al menos, lo hará si los tribunales, donde PP y Vox ya la han recurrido, no dictan lo contrario. De momento, el Supremo ya ha descartado suspenderlo de forma urgente, al rechazar el recurso de la organización de extrema derecha Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, aunque sí ha aceptado el recurso contencioso-administrativo presentado por la ultracatólica HazteOir, por lo que se estudiará la suspensión por el cauce normal, en el que tiene que intervenir el Gobierno.
¿Dónde se puede pedir cita?
En primer lugar, es imprescindible pedir cita previa para poder realizar el trámite. Las citas se pueden solicitar desde el pasado jueves a través de esta página web habilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (inclusion.gob.es/regularizacion). Existen tres formas de pedirla. En primer lugar, con identificación digital, para la que se debe contar con un Certificado Digital o estar dado de alta en el sistema Cl@ve, tras lo que se puede elegir la oficina más cercana entre las más de 400 habilitadas. Para obtener ayuda con el proceso se puede consultar la propia web del Ministerio o acudir a alguna de las entidades colaboradoras acreditadas, que se pueden consultar en este documento.
La cita también se puede solicitar a través de un formulario en la misma web, que se enviará por SMS o correo electrónico, y en el que se deberá adjuntar toda la documentación necesaria. La tercera forma es llamando al teléfono 060, que es el de atención al ciudadano de la Administración General del Estado. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30. En estos dos últimos casos, se asignará la cita en la oficina más próxima, según las preferencias que se indiquen.
Entre los más de 400 puntos habilitados hay 371 oficinas de Correos, situadas en las ciudades de más de 50.000 habitantes y todas las capitales de provincia, abiertas de lunes a viernes de 8:30 a 17.30 horas; 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas; y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.
La cita es totalmente gratuita, aunque conviene estar atento porque se han denunciado casos de personas que adquieren una gran número de turnos y los revenden. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, donde ante la saturación de la única oficina habilitada para solicitar el certificado de renovación del abono transporte -con el que se puede demostrar el arraigo- ya se están revendiendo citas por precios de hasta 15 euros.
¿Quién puede pedirla y qué documentos hay que aportar?
Según los cálculos del Gobierno, hay más de 500.000 personas que viven en nuestro país que se pueden beneficiar de la regularización. La pueden pedir aquellos migrantes que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026. En el caso de los solicitantes de asilo, deberán haber hecho la petición antes de esa misma fecha. En ambos supuestos, es imprescindible llevar cinco meses seguidos en el país.
Uno de los puntos más conflictivos eran los antecedentes penales y policiales. En el caso de los primeros, carecer de ellos -tanto en España como en el país de origen- es un requisito indispensable para optar a la regularización. Para ello, se deberá aportar un certificado expedido por la Policía. En el caso de los policiales -denuncias, detenciones, identificaciones, etcétera- tenerlos no excluye automáticamente del proceso, aunque sí se tendrán muy en cuenta. De hecho, son uno de los criterios principales -más allá de los penales- para valorar si la persona solicitante representa "una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública", condición que sí es excluyente.
Además de la solicitud y el certificado policial de antecedentes, se deberán aportar documentos que demuestren el arraigo en España. Para ello hay varias opciones, como el padrón municipal, informes médicos, contratos de alquiler o de luz, envíos de dinero al extranjero, o el archivo de renovación del abono transporte. En resumen, cualquier documento que demuestre que la persona lleva más cinco meses en el país, y que lleva a cabo una vida normal. En algunos casos, se debe aportar también un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno.
Finalmente, tras la negociación desde que se presentó el borrador del decreto, hay dos grupos vulnerables que se han quedado fuera de la regularización. En primer lugar, las personas apátridas, que según la ministra ya están "protegidas" por el estatuto de apatridia, un procedimiento que lo único que les garantiza es no ser expulsadas del país. Esta decisión del Ejecutivo ha provocado indignación entre colectivos como el pueblo saharaui, que lo considera una nueva traición del Gobierno de Pedro Sánchez. Es el mismo caso que sufren los menores extranjeros no acompañados que llegaron a España con documentación que acreditaba su minoría de edad, pero que han sido sometidos a pruebas de determinación de edad cuyos resultados contradicen esos documentos, que tampoco podrán regularizarse aunque reúnan el resto de condiciones.
¿Pueden PP y Vox paralizar el proceso?
Las solicitudes las tramitará el personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que el Ministerio ya tiene previsto reforzar con más de 600 personas. Aquellos que completen el proceso recibirán una autorización para residir y trabajar en España durante un año. Pasado ese tiempo, podrán acceder a permisos más estables que contempla la Ley de Extranjería, aunque si no reúnen las condiciones pueden pedir una prórroga de un año de la autorización.
Antes de que la norma saliera del Consejo de Ministros del pasado martes, la derecha ya había iniciado su batalla contra ella. El Gobierno la ha aprobado por la vía del Real Decreto -no Real Decreto-ley- por la que la regularización no deberá pasar por las Cortes. Esto cierra la vía parlamentaria para tumbarla al Partido Popular y Vox, que ya anunciaron que la recurrirán ante los tribunales.
Rechazada la suspensión urgente por parte del Supremo, la vía que les queda ahora a las derechas es la cautelar ordinaria, abierta tras ser aceptado el recurso de HazteOir. Esto quiere decir que la regularización sigue en marcha mientras el Alto Tribunal estudia el caso, y que el Gobierno tiene diez días para presentar alegaciones al recurso. El propio auto, del pasado jueves, razonó que es esencial escuchar al Ejecutivo, y piden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que remita el expediente administrativo en un plazo de veinte días.