Meses después de que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entrase a prisión por la presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, se van conociendo más detalles sobre el papel en el caso de las empresas corruptoras. Acciona, una de las principales empresas de gestión de infraestructuras de nuestro país, ha admitido ahora a la Agencia Tributaria que pagó 677.000 euros a Servinabar, la compañía vinculada a la familia de Cerdán, por trabajos que no se pueden acreditar entre 2021 y 2024.
A raíz de las investigaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el Grupo Acciona presentó a Hacienda en diciembre una autoliquidación complementaria de los impuestos de sociedades e IVA de dichos ejercicios. El documento se llamó "Regularización de la prestación de unos servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental (contratos)". En él, Acciona pidió que se eliminen de sus declaraciones 48 facturas abonadas a Servinabar, vinculadas a las adjudicaciones de obra pública que están en el foco de la presunta trama, y que, según publica El Confidencial, suman 677.584 euros.
Acciona está señalada por los contratos en unión temporal de empresas (UTE) con Servinabar, la compañía con la que Cerdán habría canalizado el cobro de comisiones ilegales. De hecho, la UCO afirmó en noviembre que el 75% de los beneficios de la empresa provienen de estos contratos. Ahora, la compañía que preside José Manuel Entrecanales admite que, entre 2021 y 2024, contabilizó facturas de Servinabar 2000 SL que corresponden a servicios que nunca llegaron a prestarse. En concreto son: 7 facturas de 2021, 11 de 2022, 14 de 2023 y 16 de 2024.
Las correcciones que presentó Acciona ante la Agencia Tributaria afectan a su filial Acciona Construcción y a la UTE Acciona Construcción-Aquaterra Servicios Infraestructuras. Cabe destacar que, según la compañía, este movimiento se debe a que los hechos están siendo investigados por el Tribunal Supremo, y que en ningún caso se reconoce definitivamente que los trabajos contratados no se prestasen, según recoge el medio mencionado. En concreto, Acciona presentó el documento a Hacienda a raíz del informe de la UCO que ponía en duda contratos de obras como las del puente del Quinto Centenario de Sevilla, la ronda de Logroño o el soterramiento de vías de tren en Sant Feliú de Llobregat.
Acciona recibió 2.300 millones de contratos públicos desde 2016
Esta confesión de Acciona pone de manifiesto el papel de las empresas beneficiarias de este tipo de tramas. El informe de la UCO que desvelaba las actividades de perfiles políticos como el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García -ambos actualmente en prisión provisional- o el propio Cerdán, señalaba también a hasta empresas que se beneficiaron de los contratos presuntamente amañados. Entre ellas, además de Acciona, se encontraban otras como Ferrovial.
En el caso de Acciona, tras formar la UTE con Servinabar en 2016, la compañía recibió al menos 83 millones de euros en adjudicaciones públicas. Todas ellas durante en años del Gobierno de Mariano Rajoy (2016-2018), según la documentación oficial de contratos públicos que consultó ElPlural.com y que confirmaron fuentes como la Cámara de Comptos de Navarra.
Este dato contradijo la tesis central del juez Leopoldo Puente en la causa del caso Koldo y que comparte la Fiscalía Anticorrupción: que el contrato marco firmado en 2016 entre Acciona y Servinabar, y el posterior acuerdo privado de compraventa de acciones entre el dueño de Servinabar y Santos Cerdán, tuvieron como objetivo encubrir el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones futuras cuando el PSOE llegara al poder.
La Fiscalía se opone a la imputación de Cerdán por falso testimonio
Lo último de la pata judicial del caso fue la querella presentada por la asociación de extrema derecha HazteOir, que acusaba a Santos Cerdán de falso testimonio en su declaración ante la comisión del caso Koldo en el Senado. La jueza Lidia Paloma Montaño admitió a trámite la querella y citó al ex secretario de Organización del PSOE a declarar en el juzgado en febrero, según ella ante los indicios de una "desviación clara entre su narración y la realidad material por la que fue interrogado".
Más recientemente, el pasado 9 de enero, la Fiscalía se opuso a la imputación de Cerdán, señalando que no “hay ni apariencia de delito”. El escrito de la fiscal Sandra Ramos Villasevil recogía: "La interposición de una denuncia o de una querella no conlleva necesariamente la incoación y tramitación de un procedimiento penal".