Acciona logró al menos 2.300 millones en contratos públicos con Rajoy tras firmar en 2016 el acuerdo con Servinabar y Cerdán

La UTE formada por Servinabar y Acciona recibió al menos 83 millones de euros en adjudicaciones públicas durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2016-2018), según la documentación oficial de contratos públicos consultada por ElPlural.com y confirmada por fuentes como la Cámara de Comptos de Navarra.

Este dato contradice la tesis central que sostiene el juez Leopoldo Puente en la causa del caso Koldo y que comparte la Fiscalía Anticorrupción: que el contrato marco firmado en 2016 entre Acciona y Servinabar, y el posterior acuerdo privado de compraventa de acciones entre el dueño de Servinabar y Santos Cerdán, tuvieron como objetivo encubrir el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones futuras cuando el PSOE llegara al poder.

El juez Puente mantiene que todas las adjudicaciones a Acciona desde 2018 son sospechosas, sin excepción, y que el 2% que la constructora madrileña abonaba contractualmente a Servinabar en las UTE constituía en realidad la mordida destinada, a través de Cerdán, al PSOE o a sus dirigentes. Sin embargo, ese mismo esquema contractual ya estaba vigente y generando ingresos sustanciosos para Servinabar dos años y medio antes de la moción de censura que derrocó a Rajoy en junio de 2018.

Entre enero de 2016 y mayo de 2018, Acciona obtuvo al menos 448 contratos públicos por un importe superior a los 2.300 millones de euros, de los cuales 112 fueron adjudicados directamente por el Ministerio de Fomento, entonces en manos del PP, por un valor mínimo de 1.792 millones. De ellos, al menos cuatro grandes obras en Navarra fueron ejecutadas en UTE con Servinabar y suman más de 83 millones de euros (incluyendo modificaciones y fases asociadas):

• Pabellón Navarra Arena (aprox. 76 millones en total para el complejo).
• Reforma del antiguo Archivo General de Navarra (2,4 millones).
• Construcción de 46 VPO en Ripagaina (aprox. 7,8 millones, aunque algunas fuentes fechan un lote similar en 2018).
• Nuevo colegio público de Arbizu (3,5 millones).

Todas estas obras se adjudicaron cuando Santos Cerdán era únicamente diputado autonómico del PSN en la oposición y carecía de cualquier capacidad ejecutiva o influencia sobre la contratación pública estatal o foral.

El contrato marco entre Acciona y Servinabar se firmó el 22 de enero de 2016. El acuerdo privado de compraventa del 45 % de Servinabar a Santos Cerdán está fechado el 1 de junio de 2016, pero nunca se elevó a escritura pública ni se inscribió en el Registro Mercantil, por lo que jurídicamente no tuvo efectos reales sobre la propiedad de la empresa.

Si, como sostiene el juez Puente, ambos contratos de 2016 se suscribieron con la finalidad delictiva de canalizar mordidas a cambio de adjudicaciones futuras, resulta inexplicable que se ignore sistemáticamente todo lo ocurrido entre 2016 y 2018, período en el que se produjeron la inmensa mayoría de los contratos de Acciona (más de 2.300 millones) y en el que la UTE con Servinabar ya cobró por su 2 % de participación.

La tesis judicial actual limita el supuesto esquema corrupto exclusivamente a partir de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llega al Gobierno y, tres años después, Cerdán es nombrado secretario de Organización del PSOE en 2021. Sin embargo, el mecanismo de pago del 2% a Servinabar ya funcionaba con normalidad bajo el Gobierno del PP y sin que Cerdán tuviera ningún cargo de relevancia nacional ni capacidad de influencia sobre los ministerios adjudicatarios.

En consecuencia, la lógica del auto del juez Puente presenta dos posibilidades irreconciliables:

1. O el esquema contractual de 2016 era ya delictivo desde su origen, en cuyo caso las adjudicaciones de Rajoy por valor de miles de millones también estarían presuntamente contaminadas.
2. O el esquema era una práctica comercial habitual entre grandes constructoras y empresas locales (como sostienen Acciona y Servinabar), en cuyo caso no existe base para presumir ilegalidad solo a partir de 2018.

Mantener que en 2016 se diseñó una estructura para delinquir tres o cinco años después, cuando ni siquiera estaba claro que el PSOE volvería al poder, resulta, cuando menos, extravagante.