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El carnaval español es mucho más que una celebración popular. A través de sus chirigotas, comparsas y otras agrupaciones, esta expresión artística se ha convertido en un vehículo de denuncia social y política, capaz de señalar las contradicciones del poder, ridiculizar a sus representantes y poner voz a las preocupaciones de la ciudadanía. Precisamente por ese carácter transgresor, la fiesta ha mantenido históricamente una relación tensa con las autoridades menos partidarias a este tipo de expresiones artísticas. Una tensión que alcanzó su periodo más violento durante la dictadura franquista, cuando la prohibición de las celebraciones y la persecución de sus protagonistas trataron de acabar con una tradición incómoda para el régimen.
El caso del Carnaval de Cádiz resulta especialmente ilustrativo. La celebración, que había experimentado un importante desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX, fue prohibida tras el golpe militar de julio de 1936. La orden de suspensión de las fiestas de Carnaval, dictada el 3 de febrero de 1937, fue ratificada mediante una circular del Ministerio de la Gobernación de 22 de febrero de 1940. La prohibición se extendió al conjunto del territorio nacional y continuó formalmente vigente durante décadas, como demuestra un telegrama circular del Ministerio de la Gobernación de febrero de 1966 que recordaba a los gobernadores civiles su aplicación.
La represión, sin embargo, no se limitó a la desaparición de la fiesta de las calles. En Cádiz, algunos de sus protagonistas sufrieron directamente la violencia de los sublevados. Entre ellos se encontraban Guillermo Crespillo Lavié y Manuel Peña Warletta, cuyos cadáveres aparecieron el 2 de agosto de 1936 en la actual plaza de las Viudas. Crespillo había dirigido la chirigota El frailazo y sus tragabuches, una agrupación que destacó por sus letras críticas con la Iglesia y por abordar cuestiones sociales como los sucesos de Casas Viejas.
Aunque no se ha podido establecer un censo completo de las víctimas vinculadas al carnaval, su caso evidencia cómo la represión alcanzó también a personas cuya vinculación con la fiesta constituía una parte destacada de su trayectoria.
Las Fiestas Típicas: la celebración bajo vigilancia de la dictadura que miraba con lupa cada letra
La prohibición absoluta fue dando paso, a finales de los años cuarenta, a una fórmula que permitió recuperar parcialmente la celebración en Cádiz, recogiéndola bajo la denominación de las Fiestas Típicas Gaditanas. El cambio, sin embargo, no supuso la restitución del carnaval en sus condiciones anteriores. Las autoridades franquistas trataron de transformar la fiesta en un acontecimiento más ordenado, institucionalizado y alejado de su tradicional capacidad de crítica. El traslado de las celebraciones al mes de mayo, que se mantuvo hasta 1976, contribuyó a esa transformación. La fiesta quedó sometida a la vigilancia de las autoridades, mientras las agrupaciones debían adaptar sus repertorios a los límites establecidos por el régimen. El control alcanzaba tanto a los contenidos políticos como a las referencias religiosas, sexuales o consideradas contrarias a la moral oficial.
Uno de los instrumentos que permitió mantener este control fue la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, conocida popularmente como Ley Fraga, por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. La norma introdujo algunos cambios respecto al sistema de censura anterior, pero no supuso el establecimiento de una libertad de expresión plena. De hecho, aunque su artículo tercero establecía que la Administración no podía aplicar la censura previa ni exigir una consulta obligatoria, el artículo cuarto contemplaba la denominada "consulta voluntaria". Este mecanismo permitía someter los textos a la valoración administrativa antes de publicarlos y obtener así una autorización que eximía de responsabilidades posteriores ante la propia Administración. En la práctica, esta fórmula terminó convirtiéndose en una herramienta de control sobre las letras carnavalescas, ya que los autores podían presentar sus repertorios para evitar que una copla les acarrease sanciones o problemas una vez interpretada o difundida.
La documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz permite comprobar cómo funcionaba este procedimiento. En 1966, por ejemplo, Paco Alba presentó las letras de Los beduinos para su autorización. En 1969, las comparsas Los nuevos aristócratas, de Antonio Martín y Manolo Rosales, y Los fabulistas, de Paco Alba, también tuvieron que someter sus repertorios al control administrativo. En 1974, algunas letras de los cuplés del cuarteto Los cuatro valientes de Texas fueron directamente rechazadas por las autoridades. Estos expedientes evidencian que la intervención no se limitaba a las críticas explícitas contra el régimen, ya que también alcanzaba contenidos que las autoridades consideraban incompatibles con la moral, la religión o el orden público.
La consecuencia era que los autores debían medir sus palabras y recurrir en ocasiones a dobles sentidos, metáforas y alusiones indirectas para trasladar sus críticas sin exponerse a las represalias. El carnaval sobrevivía, pero lo hacía bajo unas condiciones en las que la Administración conservaba la capacidad de decidir qué podía llegar al público y qué debía quedarse fuera del repertorio.
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La jornada de reflexión y el intento del PP tumbar una actuación en la provincia de Sevilla
La desaparición de la censura institucional tras la dictadura no ha impedido que, décadas después, las letras carnavalescas sigan protagonizando enfrentamientos con quienes se sienten cuestionados por ellas. Uno de los episodios más recientes se produjo en mayo de este año, cuando el Partido Popular de Sevilla presentó una denuncia ante la Junta Electoral de Zona para intentar impedir que varias agrupaciones interpretasen coplas con contenido político durante un espectáculo organizado en Alcalá de Guadaíra.
El conflicto se originó por la celebración del denominado Carnaval de Primavera, previsto para el sábado 16 de mayo en el Parque Centro de la localidad sevillana. El acontecimiento, organizado por el Ayuntamiento y de acceso gratuito, coincidía con la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo. En el cartel figuraban cuatro agrupaciones: el coro El sindicato, las comparsas DSAS3, de Jesús Bienvenido, y Las jorobadas, además de la chirigota Una chirigota en teoría. Tres de las cuatro formaciones procedían de Cádiz y se encontraban entre las agrupaciones destacadas de la última edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).
El PP sevillano consideró que la celebración del espectáculo durante la jornada de reflexión podía vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), concretamente sus artículos 50.1, 50.2 y 50.3, relativos a las limitaciones de propaganda y a la neutralidad de las administraciones públicas durante los procesos electorales. Sin embargo, su denuncia no se limitaba a cuestionar la celebración del evento o su posible utilización propagandística. Los populares solicitaron expresamente a la Junta Electoral que ordenase al Ayuntamiento impedir que las agrupaciones interpretasen letras con alusiones políticas, tanto de crítica como de alabanza a cualquier administración o formación política.
Para justificar su petición, el partido adjuntó vídeos y transcripciones de cinco piezas concretas de los repertorios. Entre ellas figuraba un tango del coro El sindicato, de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano, conocido como El Canijo, que arremetía contra Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones sobre la supuesta incapacidad de los andaluces para contar. También fueron señaladas tres partes del repertorio de DSAS3, la comparsa de Jesús Bienvenido que había conseguido el primer premio de su modalidad en el COAC de 2026. Su presentación, su popurrí y un cuplé dedicado a Juanma Moreno abordaban la situación de la sanidad pública andaluza y las consecuencias de la crisis de los cribados del cáncer de mama. La quinta pieza incluida en la reclamación era un pasodoble de Las jorobadas, agrupación de Alcalá de Guadaíra, que también criticaba al presidente de la Junta por la gestión de esta crisis sanitaria.
El escrito del PP no pedía únicamente que se impidieran esas cinco composiciones. Su pretensión era más amplia, pues reclamaba que las agrupaciones no pudieran expresar "opinión política de cualquier signo" durante sus actuaciones. Asimismo, solicitaba que el Ayuntamiento identificase a las delegaciones y responsables municipales del espectáculo para poder individualizar posibles responsabilidades si se desobedecía una eventual instrucción de la Junta Electoral. La petición situaba así bajo el foco no solo a las letras concretas denunciadas, sino también a cualquier manifestación política que pudiera producirse durante el certamen.
La Junta Electoral de Zona de Sevilla abrió un expediente el 13 de mayo y trasladó la denuncia al Ayuntamiento, al que concedió un plazo de 24 horas para presentar alegaciones antes de decidir si correspondía adoptar alguna medida. No llegó a dictar una prohibición cautelar sobre las actuaciones. El Consistorio, gobernado por el PSOE, rechazó la pretensión del PP y defendió que el espectáculo llevaba semanas organizado, antes incluso de conocerse la fecha de las elecciones. Su primer teniente de alcaldesa, Jesús Mora, aseguró que no iban a censurar a las agrupaciones y defendió que la libertad de expresión amparaba sus actuaciones. El Ayuntamiento también invocó el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y de creación artística.
La iniciativa provocó una importante reacción en el ámbito político y carnavalesco. PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía criticaron la denuncia y denunciaron lo que consideraban un intento de limitar la libertad artística. Desde el mundo del carnaval también hubo muestras de rechazo. Pedro Campos, guitarrista de DSAS3, publicó un mensaje en redes sociales en el que ironizaba sobre la repercusión de la iniciativa: «Querían silenciarnos y nos han puesto un altavoz».
La polémica terminó teniendo consecuencias dentro del propio Partido Popular. Bruno García, alcalde de Cádiz y presidente provincial de la formación, aseguró que se había enterado de la denuncia a través de los medios de comunicación y que había pedido a la dirección sevillana que la retirase. El 14 de mayo, el PP de Sevilla anunció que retiraba inmediatamente el escrito y atribuyó lo ocurrido a un problema de "descoordinación interna". El festival siguió adelante y las agrupaciones pudieron actuar conforme a la programación prevista.
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