De América Latina a Lanzarote, la expansión impulsada hace veinte años ha dejado un rastro de litigios, escándalos y deterioro reputacional —de Inassa a Emissão, de Cáceres a Lanzarote— para una empresa pública que nació para garantizar el agua, no para hacer sospechosos negocios
Hay noticias que, por sí solas, retratan un modelo político. La que llega desde Lanzarote es una de ellas: la administración insular estudia intervenir el servicio del agua ante los supuestos incumplimientos de la concesionaria que lo gestiona.
Podría parecer un conflicto más entre una administración y una empresa. Pero hay un detalle que lo cambia todo: la empresa afectada es Canal Gestión Lanzarote, filial de Canal de Isabel II, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, que, a su vez, anuncia acciones legales contra esta intención que considera inaceptable.
Es decir, estamos asistiendo a un embrollo en el que una administración pública puede acabar interviniendo a una empresa pública madrileña para garantizar el agua a los ciudadanos.
Si alguien buscara una metáfora perfecta del fracaso de la expansión del Canal fuera de Madrid, probablemente no encontraría una mejor.
Una isla que pierde más de la mitad del agua
Las cifras de la gestión del agua en Lanzarote son difíciles de justificar.
Según los datos ofrecidos por el Cabildo Insular de Lanzarote y varios medios de comunicación, más del 55 % del agua producida se pierde antes de llegar al consumidor. En una isla que depende de la desalación para abastecerse, esto no es solo un problema técnico: es un problema de gestión.
Significa que enormes volúmenes de agua, producida con un alto coste energético, se pierden cada día en una red con fugas, averías y falta de inversión.
El resultado es tan paradójico como preocupante: una isla con desaladoras funcionando a pleno rendimiento… y cortes de suministro en distintos municipios.
Cuando el sistema llega a ese punto, la administración tiene una obligación evidente: intervenir para proteger el servicio público.
La expansión que terminó en problemas
Pero lo verdaderamente revelador es que Lanzarote no es un caso aislado.
La historia reciente del Canal de Isabel II muestra un patrón que se repite allí donde la empresa pública fue empujada a expandirse más allá de su ámbito natural.
Durante años, los gobiernos del Partido Popular impulsaron la idea de convertir el Canal en una especie de multinacional del agua. Aquella estrategia llevó a la empresa pública madrileña a operar en distintos territorios de España y de América Latina.
El balance de esa aventura empresarial es, como mínimo, preocupante y a la vez revelador.
En Cáceres, la gestión del ciclo del agua ha estado marcada por disputas laborales y tensiones recurrentes en torno al servicio.
En Colombia, la participación en Inassa terminó vinculada a investigaciones judiciales dentro de la Operación Lezo, uno de los mayores escándalos de corrupción asociados a la empresa, lo que ha llevado al extremo de ver cómo la Fiscalía de Colombia ordenó en octubre de 2018 el embargo y secuestro del 82% de las acciones que Inassa poseía en la empresa colombiana Triple A de Barranquilla.
En Brasil, el caso de Emissão, empresa de aguas adquirida pr el Canal de Isabel II en 2013, acabó convertido en un símbolo de inversiones fallidas y operaciones bajo investigación.
En República Dominicana, la empresa Triple A Dominicana protagonizó enfrentamientos y controversias cuyos costes son difíciles de evaluar aún hoy en día.
Y ahora, en Lanzarote, el episodio alcanza una dimensión especialmente significativa: la posible intervención de un servicio público gestionado por una filial del Canal.
Habría que preguntarse cuánto ha costado a la ciudadanía madrileña todas estas desventuras. Cuánto se ha dejado de invertir en infraestructuras básicas en Madrid por tener que cubrir las pérdidas que han ocasionado unas políticas de inversión fallida. Cuánto no se ha concedido a la plantilla de la empresa, en una más que problemática negociación colectiva, donde se han racaneado partidas económicas muy por debajo de lo que se ha perdido en su desastrosa expansión.
Un patrón de conflictos
Cuando una empresa pública acumula conflictos laborales, litigios judiciales, problemas contractuales y situaciones de intervención administrativa en distintos territorios, resulta difícil seguir hablando de episodios aislados.
Más bien parece el resultado de una estrategia equivocada.
Aquella expansión generó riesgos económicos considerables, estructuras empresariales complejas y una sucesión de problemas que aún hoy siguen apareciendo, y un pestilente olor a corrupción. Pero el daño no es solo financiero. También es reputacional, porque cada nuevo conflicto erosiona la imagen de una empresa pública que durante décadas fue un referente de gestión técnica y servicio público.
Volver al sentido original
El Canal de Isabel II fue durante generaciones una de las instituciones públicas mejor valoradas de Madrid. Aún hoy y a pesar de de todo sigue teniendo el reconcomiento de los madrileños. Su misión era sencilla: garantizar el abastecimiento de agua con criterios de eficiencia, sostenibilidad y servicio público.
Ese modelo funcionó.
Pero cuando una empresa pública se convierte en instrumento de expansión empresarial o de estrategias políticas ajenas a su función original, los problemas acaban apareciendo. A veces años después.
Este año se celebra el 175 aniversario del Canal de Isabel II, la empresa pública más importante de la Comunidad de Madrid. Son 175 años marcados por éxitos y logros, por una obra hidráulica y una capacidad técnica que han garantizado el agua a millones de ciudadanos.
Pero también son veinte años recientes marcados por corruptelas, mala gestión y aventuras empresariales que han acabado deteriorando una institución que debería ser ejemplar.
El caso de Lanzarote es un recordatorio incómodo de ese legado.
Porque cuando una administración tiene que intervenir el servicio del agua para garantizar que llegue a los hogares, la conclusión es inevitable: algo se hizo muy mal mucho antes.
Y entonces resulta inevitable pensar que, si Isabel II levantara la cabeza, probablemente no entendería cómo una institución creada para llevar agua a Madrid ha terminado protagonizando sainetes, esperpentos o, en demasiadas ocasiones, vergonzosos episodios del más cutre latrocinio, actuaciones todas ellas muy alejadas del motivo que impulsó su origen.
