El control de la Comunidad de Madrid en distintos órganos de la región es evidente, y la Cámara de Cuentas no es una excepción. Lo que a lo mejor no era tan palpable de puertas hacia fuera era la tensión que existe entre Gobierno y oposición, unas diferencias que, sin embargo, sí que han quedado muy claras en las últimas horas con motivo de la política turística plateada por la administración Sol.
El tira y afloja, contundente por otra parte, tuvo lugar entre la consejera de la Cámara de Cuentas, Verónica López, propuesta por Más Madrid; y Ana Cossío, vicepresidenta del órgano fiscalizador a propuesta por el PP.
Para la responsable de la formación progresista, “forzar un trabajo tan poco motivado y poco riguroso, incompleto y apresurado, conlleva un riesgo reputacional para la Cámara de Cuentas” que resulta inaceptable. “El tono es rayano en el insulto”, respondió la segunda. El documento al que hace alusión López es el que examina la estrategia de turismo de la Comunidad de Madrid entre 2023 y 2026, si bien no es la única situación que ha tensado a las partes.
La primera polémica, que dio buena cuenta de la manera en la que Ayuso quería proceder, coincidió con el nombramiento del exlíder socialista de Madrid, Joaquín Leguina, al frete del aparato fiscalizador. Ya en el desarrollo de sus funciones, ha dejado episodios que, cuanto menos, resultan sorprendentes.
Uno de ellos pasa por la propuesta de que enfermos mentales graves pagaran por ser atendios en el sistema público, como adelantaba el diario El País, mientras que en otra ocasión se desplazó hasta la Asamblea para anunciar en directo que no explicaría un dictamen de la entidad que preside porque su experiencia en el tema era “cero”. Asimismo, ha celebrado la contratación por parte de la Cámara de su pareja, que ya trabajaba en la administración regional como personal eventual.
La segunda polémica sonada de la Cámara de Cuentas guarda relación con la ocupación de una vacante que depende del Partido Popular después del fallecimiento de Carlos Salgado, vicepresidente del organismo. Los conservadores han pedido ampliar el plazo hasta el mes de mayo para elegir a su candidato. La tercera controversia es la que ocupa estas líneas: el informe sobre el turismo.
Plan de turismo
El problema entre las partes empieza en el momento en que se decide fiscalizar el cumplimiento de la legalidad de los fondos públicos que se asignan al plan Estratégico de Turismo 2023-2026. El informe recoge que la región se beneficia del mayor crecimiento de gasto turístico total de todo el país, con una media por visitante cercana a los 2.000 euros por los 1.392 de media nacional.
Entre las razones que esgrime el texto se encuentra que se han incrementado la estancia media de los viajeros u otros aspectos que para nada convencen a la consejera de que sea necesaria una evaluación, dado que el programa todavía se encuentra en vigor y que el diseño de los trabajos incluye “excesivos espacios de ambigüedad” y carece de “indicadores para poder evaluar la consecución de los objetos previstos”. En este sentido, el propio informe reconoce que se trata de una evaluación intermedia
La representante de Más Madrid no esconde su rechazo al proyecto, calificando como “irrelevante”, “inoportuna” e “imprecisa” la propuesta. A más a más, cuestiona la independencia analítica del documento poniendo sobre la mesa “la cantidad de contenidos que son un traslado cuasi literal de documentos elaborados por la misma” entidad fiscalizadora.
El intercambio de golpes se da en las dos partes, ya que al voto en contra de López lo acompaña otro de Cossío para respaldar su propio informe, a la vez que lamenta que su compañera impregna de “toxicidad y lenguaje abusivo e inapropiado” el ambiente.
Choque entre las partes
En lo que respecta estrictamente al documento, la parte ‘popular’ dispone que los motivos “carecen de suficiente solidez técnica y presentan notorias eficiencias en cuanto a su sustento jurídico, acompañado todo ello de un tono, no solo impropio en una Institución técnica de control como es la Cámara de Cuentas, sino rayano en el insulto”.
“Finalmente, se ruega a la consejera observante que, sin perjuicio de su derecho a votar lo que mejor le parezca según su criterio, en aras a favorecer un ambiente óptimo de trabajo, exento de toxicidad y lenguaje abusivo e inapropiado, se abstenga de dirigir constantes acusaciones de ‘discrecionalidad’, ‘ineficacia’, ‘ineficiencia’, ‘inidoneidad’, ‘impertinencia’, ‘ausencia de motivación’…por el mero hecho de que las propuestas de otros miembros del Consejo no coincidan con su criterio", concluye.
Al margen de que el trabajo final no deja grandes novedades más allá de recomendaciones técnicas y la detección de una subvención de algo más de 5.000 euros indebidamente justificada, la vicepresidenta lo defiende, dado que se trata de un sector “de riesgo”. En último lugar, se ampara en que el Tribunal de Cuentas de España, el Europeo y la mayor parte de los órganos de control externo de las Comunidad Autónomas incluyen esta materia como una de las más importantes.
