La mala gestión de los servicios públicos por parte del Partido Popular en las autonomías en las que gobierna ha provocado que la ciudadanía se eche a la calle en innumerables ocasiones. El año se le está atragantando a un Alberto Núñez Feijóo que ha tenido que ver cómo la gente ha salido a protestar por la sanidad y la vivienda en Madrid, por la dimisión de Mazón por la gestión de la DANA en Valencia, y por la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Un hartazgo que el pueblo ha escenificado en estas concentraciones y que también se refleja en las encuestas, que aunque no bajan al Partido Popular de su ya acostumbrada primera posición, dibujan al PSOE más cerca que nunca de los de Feijóo y a Vox en alza, ambos escenarios indeseados para los 'populares'.

En la Comunidad Valenciana se han celebrado hasta doce manifestaciones para protestar contra la gestión de Mazón el día de la catástrofe climática del 29 de octubre de 2024, por su tratamiento a las víctimas y para pedir su dimisión, que finalmente llegó la pasada semana tras un año de excusas y de polémica incesante. A los gritos de "el president a Picassent", "Mazón culpable", "Mazón a prisión" y "Ni oblit ni perdó", los valencianos han canalizado, durante todo el año, su descontento con el ya exjefe del Consell. Pasado un año de la tragedia, la manifestación que marcaba el primer aniversario, la del 25 de octubre, tuvo el añadido de la efeméride, en una fecha que contó con la participación de una muixeranga antes de salir la pancarta de cabecera con el lema de "Mazón dimisión". Por detrás, le siguió otra con la frase "I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alcar-la" para, como señaló en declaraciones a los medios la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, "alzar la voz por los que ya no pueden alzarla", lo que para las entidades de víctimas es "fundamental".


Más recientemente, este domingo 10 de noviembre, ya con Mazón dimitido, miles de personas se concentraron ante la fachada principal de Les Corts para exigir responsabilidades políticas y judiciales por la gestión de la DANA. El foco ya no es únicamente el ‘president’ en funciones, sino un Consell entero al que las entidades convocantes reprochan abandono, opacidad y un comportamiento indigno ante la mayor tragedia reciente del territorio.

Más de 200 organizaciones sociales impulsaron este última movilización, que llenó la plaza reclamando cárcel para Mazón y la dimisión de todos los miembros de su Ejecutivo. El grito más repetido ha fue el de "Volem votar", una apelación directa a la convocatoria de elecciones anticipadas y a la restitución de la voz ciudadana tras un año de crisis institucional y emocional. "No queremos que desde Madrid vengan a decirnos quién tiene que estar aquí", avisaban los asistentes, que temen una resolución política ajena al sentir de los municipios golpeados por la catástrofe.

Los andaluces, a la calle por los cribados del cáncer

El mes de octubre también ha sido dramático para los andaluces, que han perdido parte de la confianza que podían depositar en la sanidad de su autonomía con la crisis de los cribados del cáncer de mama, que dejó a más de 2.000 mujeres sin saber si los resultados de sus pruebas diagnósticas sobre esta enfermedad eran fiables o no y con retrasos significativos en la entrega de resultados, en una dolencia en la que actuar a tiempo puede marcar una enorme diferencia. Por ello, también se convocaron movilizaciones, la más grande de ellas en Sevilla, convocada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que concurrió bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', y tuvo como punto de encuentro el propio Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía. Otras organizaciones como Libres y Combativas, Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes secundaron la convocatoria, que se suma a todas las demás anteriores protestas por la sanidad pública en la región con carácter genérico.

"El escándalo del cribado del cáncer de mama ha destapado la olla podrida de los recortes y las privatizaciones a manos del gobierno del Partido Popular en la Junta. Estamos ante un crimen contra las mujeres trabajadoras, una situación que afecta a más de 2.000 mujeres, sin contar las que ya han muerto, y ante la que el gobierno de la Junta mantiene su actitud de desprecio contra todas las víctimas y el conjunto de las mujeres trabajadoras", denunciaba en sus páginas oficiales el Sindicato de Estudiantes.

"Este crimen social ha despertado la rabia de miles, que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Moreno Bonilla. Ya hemos hecho dimitir a la Consejera de Sanidad, pero tenemos que seguir luchando hasta revertir todos los recortes y privatizaciones, conseguir atención urgente para todas las víctimas y que se haga justicia por ella. Los responsables políticos tienen que pagar por todo el sufrimiento y el dolor que han provocado", continuaban sus reivindicaciones. Cabe recordar que Moreno Bonilla sustituyó a Rocío Hernández, la dimitida Consejera de Sanidad, por Antonio Sanz, en un cambio que todavía no ha repercutido reparaciones ni soluciones para las afectadas.

Sanidad y Vivienda en Madrid

Viajando al centro del país, en la capital, también se han sucedido las concentraciones durante el último año por las situaciones de la sanidad y la vivienda, cada vez más deteriorada e inaccesible respectivamente. En octubre de 2024 y en febrero de 2025, los madrileños protestaron por la situación de la vivienda para reivindicar un descenso en el precio de los alquileres, abogando que deje de ser un negocio abusivo para las clases trabajadoras. Bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres', casi 40 colectivos, como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH), las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción y Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y sindicatos, entre otros, organizaron en la segunda fecha citada una marcha para "cambiar el paradigma de la vivienda".

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid calicaban la situación de "insostenible" ante una problemática cada vez más aguda: el alquiler no para de subir y la edad con la que los jóvenes se independizan de sus padres tampoco. Según datos de El País, el 66% de las personas de entre 18 y 34 años sigue aún en el hogar familiar frente al 50% de 2010.

Y en el mes de mayo, concretamente el día 25, se celebró en la capital una marcha por la sanidad bajo el lema 'Defendamos nuestra sanidad pública', en la que se subrayó la situación "insostenible"· que atraviesa el sistema en esta comunidad autónoma y se reivindicó que la sanidad "nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado". Entre las demandas que se pusieron entonces sobre la mesa estaba la revisión de las privatizaciones, más financiación para la sanidad pública, centros de salud y hospitales con personal suficiente, pediatras para todas las niñas y niños, urgencias extrahospitalarias con médico/a y fin de las listas de espera, así como buenas condiciones laborales para los profesionales.

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