El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha dirigido a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para advertirles de los riesgos e implicaciones de una posible implicación el genocidio que el Estado de Israel está aplicando sobre Palestina. En un momento en el que los ataques se recrudecen y la población inocente es asesinada diariamente por los bombardeos del ejercito ocupante, el Gobierno de coalición continúa manteniendo su apoyo a Palestina, aunque el reconocimiento del Estado no termina de llegar.
En lo que a sus competencias respecta, Bustinduy ha comenzado a dirigirse a estas compañías a través de cartas en las que les insta a que adopten las medidas y actuaciones que sean necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030, de cara a evitar “el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina”.
El ministro de Consumo ha emplazado a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios realizados por las mismas para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos. Además, también ha instado a las compañías a “rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa” que esta actividad pueda ocasionar y a informar al Ministerio sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo.
Este último punto esta pensado para que los consumidores tengan conocimiento del proceder de las empresas afincadas en Israel y “así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino”. Concretamente, en la misiva se recuerda que el 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza, sumándose a los reclamos del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bustinduy se apoya en la Resolución A/HRC/RES/31/36, que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas, conforme a las normas previstas en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Los principios mencionados determinan la responsabilidad empresarial de identificar, prevenir y mitigar los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo las comerciales y de cadena de valor.
Esta doctrina internacional, inciden desde el Ministerio, está recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017, y en las obligaciones vinculantes contempladas en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y que debe ser traspuesta en el plazo máximo de dos años a la legislación española. Esta normativa señala la necesidad garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los derechos humanos, en línea con la regulación europea en esta materia y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (producción y consumo responsables)
De la misma forma, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles) insta a los Estados a promover en todas sus actuaciones el estado de derecho a nivel nacional e internacional, así como a impulsar el respeto de los derechos humanos como condición sine qua non para la construcción de paz y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.
“La petición de información de este Ministerio a las empresas españolas que operan en Israel también responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, mostró recientemente durante su reunión con el ministro Pablo Bustinduy sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados y en el genocidio en curso”, exponen desde la cartera de Bustinduy.
“Asimismo, se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”, concluyen, destacando que el propio Bustinduy ha invitado a Palestina a acudir de forma conjunta al Foro Político de la ONU para la Agenda 2030 que se celebra el próximo mes de junio.
