El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre la axctualidad que rodea a su cartera, los retos del futuro y realizar un balance de estos primeros treinta días al frente de una materia vital para el arranque de la legislatura, con el inicio de la tramitación de la ley de amnistía, y previsiblemente capital para la sostenibilidad de un gobierno de coalición supeditado al apoyo perpetuo del bloque plurinacional.
Una vez se conocieron los nombres elegidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para diseñar su nuevo gabinete, dos de ellos se alzaron por encima del resto: el primero era el de María Jesús Montero, que conservaba la cartera de Hacienda pero ascendía a la vicepresidencia cuarta; el segundo, y probablemente con más peso a nivel pragmático, era el de Félix Bolaños, quien añadía la cartera de Justicia, otrora manejada por Pilar Llop, a la de presidencia.
El hombre fuerte del presidente, como muchos le ven, fue premiado por su gran papel en las negociaciones de la investidura. Un gabinete más político con Bolaños de mano derecha. "Es el vicepresidente en la sombra", indican fuentes del PP en el Congreso. "Es el único capaz de hacer todo lo posible para asegurar la supervivencia de Sánchez", añaden estas mismas fuentes. Protagonista hace un mes y principal objetivo a derribar por la oposición, que no ha dudado en condenar tanto la ley de amnistía como los nombramientos, las negociaciones, las declaraciones o la agenda internacional del ministro.
Por ello, y haciendo un pequeño balance de estos treinta días al frente del Ministerio, Bolaños ha ido enumerando los primeros pasos de su gabinete durante cerca de cuarenta minutos: reorganización de la organización de Justicia, presidencia de una reunión de alto nivel con los ministros europeos del ramo o reuniones importantes -como la que mantendrá este mismo jueves con el presidente del Tribunal Supremo-. Además, el ministro ha aprovechado para anunciar algunos de sus compromisos, tales como la ley de Trata o la nueva ley de asistencia jurídica gratuita, dejando para el final el plato fuerte de su presentación: el CGPJ.
"Esto está provocando una crisis institucional en uno de los tres poderes del estado. Se trata de una tripole anormalidad: constitucional, con cinco años de bloqueo; europea, como nos recuerda el comisario Reynders; y en el funcionamiento del servicio de justicia, donde cada año de bloqueo supone el retraso de 1000 asuntos en el Supremo y un coste que ronda los 10 millones de euros anuales", ha explicado.
"No renovar el Consejo supone que no se cumpla la ley, generemos preocupación en Europa y tengamos un funcionamiento irregular", ha insistido, recordando, además, que el PSOE siempre ha cumplido la Constitución facilitando la renovación del órgano incluso en momentos en los que se investigaban "casos muy graves de corrupción que afectaban con nombres, o, mejor dicho, con siglas, a personalidades del PP". Visiblemente cansado, además de afónico, Bolaños remataba su intervención señalando que espera que en la reunión que mantendrán este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se avance en la creación de los marcos necesarios para crear una mesa de trabajo que derive en la renovación del Poder Judicial.
Cruce de dardos
Especialmente metafórica se ponía, por ejemplo, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien se aventuraba a señalar que este viernes, día de la cita Sánchez-Feijóo, será más fácil que toque El Gordo de la Lotería de Navidad a los presentes que alcanzar un acurdo para la renovación del Poder Judicial: "Hay un proverbio que dice que cuando te engañan una vez o dos la culpa del que te engaña, pero, ahora, comprenderá usted que o mañana hay un espíritu navideño inesperado o algo habrá que hacer frente a los ocupas que no se quieren ir", sentenciaba, reclamando al ministro la modificación de la ley orgánica que regula la renovación del órgano constitucional.
Los independentistas catalanes han sido más incisivos, especialmente cuando han hecho referencia a su nivel de confianza sobre las altas esferas del mundo judicial: "Todas las élites judiciales tienen un pensamiento político que acaba afectando a su imparcialidad. Esto se ha evidenciado cuando la política española se pone frente al espejo de la justicia internacional. ¿Cree usted en la democratización plena de las altas instancias judiciales?", preguntaba Josep Maria Cercera Pinart (Junts), que decidía proseguir condenando la práctica habitual de los decretos ómnibus, o "decretos macedonia", como ha dicho el neoconvergente, consistentes en la inclusión de temas de diferente índole en un mismo articulado que acaban siendo votados a la vez.
Pilar Vallugera, de ERC, en cambio, ha decidido cimentar su intervención inicial en la condena de que hablar catalán no suponga un incremento en las posibilidades de acceder a la carrera judicial en Cataluña. Todo en una intervención en la que la diputada republicana, ante la ausencia de traductores, se ha ido traduciendo punto por punto después de una sonora bronca al inicio de la sesión con varios diputados de la derecha. "La ley de trata de una legislación urgente", ha proseguido, reconociendo que "su grupo daría apoyo a una ley que persiguiese a las mafias". "No piensen que por ser independentistas no tenemos los pies en la tierra", sentenciaba Vallugera.
Declaraciones, las de sus antecesores, que no han gustado al diputado de vox Javier Ortega Smith, que ha reprochado al ministro la continua "criminalización" de los jueces realizada por los socios de investidura del Gobierno. "El problema sigue siendo el mismo. Hacen falta más letrados, magistrados y fiscales. De media, tenemos 12 por cada 100.000 habitantes frente a los 22 en Europa. Lo que necesita la justicia es respeto y no insultos", ha declarado el dirigente de Vox, que, además, ha insistido en que es necesario que sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ.
Finalmente, y respetándose el orden de menor a mayor representación en el uso de la palabra, ha sido la popular María Jesús Moro la encargada de denunciar que el ministro, y su Gobierno, están presos de "un prófugo de la Justicia y de un mediador extranjero": "Con la fusión de ministerios ustedes han dado una muy mala señal de lo que les importa la justicia, pero este no es el peor de los malos. Los insultos y ataques de sus socios convierten esta en la legislatura de la amenaza a la justicia", sentenciaba.
