Por segunda vez, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, han concluido la reunión que ha tenido lugar este lunes en Bruselas con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, sin un horizonte de acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El representante del Gobierno de Pedro Sánchez y el enviado por Alberto Núñez Feijóo a Bruselas volverán a reunirse con Reynders en una fecha aún por determinar, pero que, siguiendo las previsiones, podrá fijarse en la primera quincena de marzo, también en la capital europea. Las partes han agotado ya la mitad del calendario previsto por el comisario, quien previsiblemente dejará el cargo en esas fechas si prospera su candidatura para ocupar la jefatura del Consejo de Europa, órgano ajeno a la UE.
"Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España", ha señalado por su parte González Pons ante los medios de comunicación a su salida de la sede de la Comisión Europea, después de más de una hora que ha durado dicho encuentro.
Reynders planteó en un primer momento un "diálogo estructurado" con el fin de desbloquear la renovación del órgano del gobierno de los jueces y abordar, a la par, una reforma del sistema de designación de los vocales para alinearse con los estándares europeos que defienden una elección entre pares, todo ello en el marco de las primeras dudas por la novedad del formato de la cita -al desplazarse a Bruselas- y tener contacto regular con la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. De este modo, el comisario se ajusta a las recomendaciones que Bruselas incluye desde hace dos años en su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la UE y que, en el caso de España, reclama "proceder con carácter prioritario" a la renovación del CGPJ "e iniciar, inmediatamente después", el "proceso" para la reforma.
El principal impedimiento en la negociación entre ambas partes son los tiempos, el principal punto de fricción entre el Gobierno, que sostiene que "lo urgente" es renovar el CGPJ y que una vez superada esa fase se podrá "hablar de otros asuntos", en palabras de Bolaños días antes de primera reunión con Reynders, y el Partido Popular, para quien es imperativo que tanto la renovación como la reforma del modelo vayan de la mano.
Desde la primera reunión el pasado 31 de enero, la Comisión también ha dejado claro que estos contactos se dirigen únicamente a abordar la cuestión del CGPJ y no otras cuestiones controvertidas que enfrentan al PP y al PSOE, como es la Ley de Amnistía.
Reynders ha señalado en multitud de ocasiones que sigue el proceso "muy atento" ante lo que sucede en España, ya que la ley no debe afectar al Derecho comunitario en lo que concierne a la protección de los fondos comunitarios o la directiva sobre terrorismo. No obstante, no concluirá su evaluación hasta que termine la tramitación parlamentaria y la norma adopte su forma definitiva.
Cabe remarcar que esta misma semana los líderes socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García y Javier Moreno, informaron por carta a Reynders del cambio de posición que había adoptado el PP con respecto a un posible indulto para Carles Puigdemont, de acuerdo a lo publicado en 16 medios citando fuentes de alto nivel de los 'populares' que en el escrito del PSOE identifican con Feijóo.
En todo caso, fuentes comunitarias apuntan que en la primera reunión, que se celebró el pasado mes de enero, no se abordó la cuestión de la ley, por lo que han recordado así que el análisis por parte de Bruselas sigue su curso y no concluirá hasta que finalice la tramitación parlamentaria en España y la norma adopte su forma definitiva.
Además, Reynders ha avisado tanto a 'populares' como a socialistas de que no mediará indefinidamente por lo que "este diálogo no deberá exceder los dos meses". El liberal belga aspira a ser elegido secretario general del Consejo de Europa, un órgano ajeno a la Unión Europea, en la próxima primavera, lo que le obligará a apartarse de su asiento de comisario en mayo, si supera el primer corte formal de selección en Estrasburgo.
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