De nuevo, ni 24 horas ha durado el acuerdo. Isabel Díaz Ayuso ha roto de forma unilateral el pacto alcanzado con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el que aceptaba el confinamiento perimetral de la capital de España y otros nueve municipios de la región.
Un pacto que el Ejecutivo regional ha roto con la excusa de exigir más y mejores criterios “y que se ajusten a la legalidad", ya que -esgrime el Gobierno de Ayuso-, las medidas que esta tarde debían ser refrendadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud afectan a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad de movimientos.
Fuentes cercanas al Gobierno central explican a ElPlural.com que con esta postura, el Gobierno de Ayuso intenta frenar el acuerdo para impedir el confinamiento inmediato de Madrid capital, evitar que en un futuro cercano tenga que confinar algunos de sus feudos electorales (municipios todos ellos entre 50.000 y 10.000 habitantes) y conscientes del malestar del resto de autonomías con su gestión.
Revuelta contra el acuerdo
Lo cierto es que esta reacción del Gobierno de Madrid se produce después de que las autonomías se hayan revuelto contra el acuerdo alcanzado con Ayuso por parte del Ejecutivo central. Diferentes gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana han mostrado su malestar con la exigencias de tener que seguir criterios concretos a la hora de tomar medidas de confinamiento, porque consideran que se trata de un pacto "bilateral" entre dos administraciones a la hora de establecer restricciones en toda España. Todo ello para beneficiar al Gobierno regional que peor ha actuado contra la pandemia.
Pese a ello, Ayuso intenta impedir a toda costa el confinamiento total de Madrid capital. Para ello, la Consejería de Sanidad exige que no se trate por igual a todos los distritos de Madrid capital, que se tenga en cuenta la capacidad hospitalaria y la diagnóstica -ambas muy altas en Madrid-, y que se mejore la seguridad jurídica a la hora de implantar un confinamiento. También reclama que se de a conocer la base científica y técnica que avala el nuevo cirterio de los 500 contagios por 100.000 habitantes.
Preocupación de Ayuso
En el Ejecutivo de Madrid también preocupa en exceso la posibilidad de que por parte de otras autonomías se intenten fijar criterios generales en la reunión del Consejo Interterritorial relativos a ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes.
De ser así, los nuevos confinamientos podrían afectar en un futuro inmediata a algunas de las ciudades más ricas de Madrid (casi todas ellas, feudos del PP) como Las Rozas (95.071 habitantes), San Sebastián de los Reyes (92.000 habitantes), Pozuelo de Alarcón (85.605 habitantes), Majadahonda (71.299 habitantes) y Boadilla del Monte (51.463 habitantes).
