El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, lo que implica el despliegue de ayudas estatales que afectarán a todas las comunidades autónomas con excepción del País Vasco.

"Se pone en marcha el mecanismo de ayuda a los damnificados, aunque aún no ha acabado la emergencia", ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa este martes. Esta declaración implica que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas podrán destinar ayudas a todos aquellos afectados por los incendios forestales que han calcinado casi medio millón de hectáreas de terreno, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

El Ministerio del Interior ha señalado que la muerte de ocho personas, los daños personales causados, el número aún no cuantificado de heridos y los daños a las infraestructuras y bienes públicos justifican la intervención del Estado. Grande-Marlaska ha explicado además que el objetivo es recuperar la normalidad, por lo que “no se va a dar por cerrada la emergencia” hasta que esto se consiga.

Por ello, se podrán a disposición 18.000 euros en el caso de que se haya producido un fallecimiento o si un incendio ha provocado que una persona sufra una incapacidad absoluta y permanente, mientras que aquellas personas cuya vivienda ha sido destruida totalmente por un fuego recibirán una cuantía máxima de 15.120 euros.

En el caso de que la estructura de la vivienda se haya visto dañada, se podrá abonar el 50% de los daños con un valor máximo de 10.320 euros. En el caso de que la estructura de la casa no esté afectada por el fuego, pero la vivienda sí ha sufrido daños, también se pagará el 50% de los daños, aunque el máximo es de 5.160 euros.

El Ministerio del Interior se compromete, además, a proporcionar ayudas para los daños que se hayan causado en el interior de las viviendas habituales. Se abonará el coste de la reposición o reparación de objetos domésticos afectados por un incendio con un valor máximo de 2.580 euros. En el caso de las Comunidades de Propietarios, si un elemento de uso común ha sufrido daños, se pagará el 50% de su valor con un tope de 9.224 euros.

La respuesta a la propuesta del PP

Entre insultos cruzados entre diferentes partidos políticos para responsabilizar a una entidad de los incendios forestales, el Partido Popular (PP) propuso un plan este lunes para el futuro enfrentamiento del Estado a este tipo de crisis climatológicas. Mientras que organizaciones como Greenpeace han resaltado que la adopción de algunas de las medidas podría ser positiva, también se ha destacado que varias propuestas ya están vigentes o se han puesto en marcha y que hay una “ausencia notable de medidas que aborden problemas estructurales”, de acuerdo con la organización citada.

Grande-Marlaska, por su parte, ha resaltado este martes que “el PP utiliza las tragedias como elemento electoral” y que le parece “una contradicción que el presidente del Partido Popular [Alberto Núñez Feijóo] presente una batería de medidas [50] cuando se puede trabajar en un pacto de Estado”. No obstante, ha resaltado que las medidas serán “estudiadas, valoradas y analizadas”, aunque “un pacto de Estado, como el que ha propuesto el presidente [Pedro] Sánchez, es realmente el lugar adecuado para poder reflexionar” sobre el sistema nacional de protección civil.


En cuanto a la propuesta de los ‘populares’ de crear un registro de pirómanos, el ministro del Interior ha resaltado que es una “solución de poco fuste”, una sensación a la que ha hecho eco Greenpeace en un comunicado en el que lo ha retratado como un “parche que no resuelve las causas que originan los incendios”. Ha criticado, además, el uso del término “pirómano” por parte de dirigentes del PP, que “no debe ser confundido con el de incendiario”.

Cabe destacar que los pirómanos no son la principal fuente de incendios en el país, sino que la mayoría de los incendios son provocados por negligencia, según le ha consultado a este periódico el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Su portavoz, Amalia Alvalle, ha explicado, además, que mientras que los pirómanos están motivados por “el impulso de provocar incendios”, los incendiarios son “personas que buscan un beneficio” de provocar un incendio, por lo que sus perfiles son marcadamente diferentes.

Los incendios continúan

Actualmente, sigue habiendo 15 incendios que continúan en el máximo nivel de emergencia, el nivel 2. Debido a las condiciones meteorológicas, el ministro de Interior ha señalado que Porto (Zamora), Graña (León) y A Pobra do Brollón (Lugo) son las zonas que más preocupan a las autoridades.


Grande-Marlaska ha asegurado que “es una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”, por lo que, desde el Ministerio del Interior, se ha señalado que departamentos ministeriales podrán declarar zona de actuación especial para reparar los daños causados a las infraestructuras públicas en los lugares que entran dentro de las zonas catastróficas.

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) del Ministerio del Interior ha recogido 121 notificaciones de emergencias desde el 24 de junio de este año. De ellos, 114 estaban motivados por incendios forestales de nivel 1 o 2 de gravedad, lo que implica daños tanto a infraestructura como a propiedades y civiles, en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Murcia. Los restantes corresponden a inundaciones por lluvia intensa en Aragón, Castilla y León, La Rioja y Murcia.

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