Juan Carlos Peinado sigue tratando de avanzar en la fase de Instrucción de las distintas causas judiciales que abrió contra Begoña Gómez. Tráfico de influencias, corrupción, malversación o apropiación indebida son algunos de los delitos que, presuntamente, atribuye a la esposa del presidente del Gobierno y por los que abrió el procedimiento en abril de 2024. Un proceso que se sigue dilatando ante la ausencia de certezas con las que propiciar un juicio contra Gómez en instancias superiores y que, a lo largo de casi dos años, ha dado lugar a numerosas polémicas por los métodos y maneras del magistrado.
En este tiempo, han sido distintas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo o la Audiencia de Madrid, por ejemplo, han dado su visto bueno a recursos presentados contra resoluciones de Peinado, especificando que el juez de Instrucción tomaba las decisiones con escasos argumentos y falta de pruebas para imputar los delitos. Además de ello, las investigaciones que se han ido llevando a cabo en el procedimiento han dado lugar a reveses en los que el magistrado ha visto como sus sospechas no se confirmaban. Prueba de ello es que la UCO le ha señalado recientemente que Begoña Álvarez y Cristina Álvarez no volaron juntas al extranjero. Un informe que Peinado solicitó buscando labores de asesoramiento por parte de Álvarez que estuvieran dedicadas a actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez.
Si bien, no solo la UCO suponía otro muro contra el que chocaba el juez, sino que, en las últimas horas, Amazon le ha pedido que, para pedirle información, proceda a seguir los mecanismos marcados, dejando otra nueva ocasión en la que la forma de actuar del magistrado ha sido puesta en entredicho.
Amazon llama a Peinado a seguir los canales legales y diplomáticos
En esta ocasión, el contratiempo que ha vuelto a sufrir Peinado se produce después de que la empresa Amazon respondiera a una solicitud de información relacionada con los dominios de internet vinculados a la cátedra universitaria que codirigía la esposa del presidente del Gobierno.
La petición del magistrado se remonta al pasado mes de octubre, cuando solicitó a Amazon datos detallados sobre varios dominios asociados a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Entre otros aspectos, reclamaba conocer quién había contratado el servicio, la dirección completa del cliente, el coste del alojamiento web y los medios de pago utilizados, incluyendo información sobre cuentas bancarias o tarjetas vinculadas a dichos pagos.
Sin embargo, la compañía tecnológica ha respondido indicando que este tipo de información no puede facilitarse directamente mediante una solicitud judicial ordinaria procedente de España. Según explicó, para acceder a esos datos es necesario utilizar los mecanismos legales y diplomáticos establecidos entre ambos países. En concreto, señaló que la solicitud debe tramitarse a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua entre España y Estados Unidos, un procedimiento habitual cuando las autoridades de un país requieren información almacenada por empresas situadas en otro.
En relación a este asunto, Begoña Gómez ha negado en repetidas ocasiones haber cometido cualquier irregularidad. En sus declaraciones ante el juez ha defendido que no se apropió indebidamente del nombre o del software asociado al proyecto y que actuó siguiendo las indicaciones de los organismos correspondientes de la Universidad Complutense. Además, ha insistido en que no obtuvo beneficios económicos por su participación en la cátedra ni recibió remuneración alguna por su labor académica.
A Peinado se le acaba el tiempo
La investigación que lidera el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez sigue acumulando un significativo historial de tropiezos y correcciones por parte de instancias superiores, algo que cobra ahora más importancia pues al magistrado se le acaba el tiempo. Tras casi dos años de diligencias, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido informes sin indicios claros de delito en puntos centrales de la causa, como los desplazamientos internacionales de Gómez y su relación profesional con su asesora, mientras que la Audiencia de Madrid ha anulado decisiones clave de Peinado por falta de fundamentación suficiente.
Este cúmulo de reveses se produce en un momento crítico, Peinado cumplirá 72 años en septiembre y ya sólo dispone de unos pocos meses antes de su jubilación obligatoria. Según se ha podido conocer en la prensa por fuentes jurídicas, el magistrado busca cerrar la investigación y remitirla a la fase de juicio antes de retirarse, una nueva muestra de una insistencia por ampliar líneas de investigación que, precisamente, han sido cuestionadas repetidamente por tribunales superiores.
