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El Gobierno ha atendido las reiteradas demandas de las organizaciones agrarias y ha activado por primera vez el mecanismo de retirada temporal de aceite de oliva para evitar que el exceso de oferta siga hundiendo las cotizaciones en origen. La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que las almazaras deberán almacenar el 12% de su producción declarada durante la campaña 2026/2027. En total, se calcula que quedarán fuera del mercado alrededor de 188.000 toneladas.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para los olivareros. El precio del aceite de oliva virgen extra ronda actualmente los tres euros por kilo, aproximadamente un euro menos que hace un año y muy por debajo de los cinco euros que el sector sitúa como referencia para cubrir los costes de producción. La situación ha llevado a organizaciones como COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias a reclamar una intervención que evite que la abundancia de producto se traduzca en pérdidas para los agricultores.
El volumen previsto para esta campaña explica la activación del mecanismo. Las estimaciones de las comunidades autónomas sitúan la producción en 1.602.596 toneladas, un 22,7% más que en el ejercicio anterior. A esa cantidad se suman unas existencias iniciales de 357.000 toneladas, un 23% superiores a las del año pasado. En conjunto, el mercado partirá de una disponibilidad cercana a los 1,96 millones de toneladas, una cifra que justifica, según Agricultura, la aplicación de esta herramienta excepcional.
Una medida reclamada por los agricultores y cuestionada por la industria
La normativa establece que cada almazara deberá mantener almacenado el 12% de su producción de la campaña, en instalaciones propias o de terceros. La condición para activar esta retirada es que las existencias iniciales y las previsiones de producción superen en un 20% la media de ese mismo volumen durante las seis campañas anteriores.
La medida responde a las reivindicaciones de organizaciones como COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias. Desde COAG, su responsable de olivar, Francisco Elvira, ha advertido de que los precios actuales no permiten cubrir los costes y ha reclamado inspecciones para comprobar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria.
Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo de toda la industria. Las patronales de industriales y envasadores Anierac, Asoliva e Infaoliva rechazan la retirada obligatoria porque consideran que puede perjudicar la competitividad del sector. En su lugar, reclaman una estrategia que aborde de manera estructural tanto la producción como la comercialización.
También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado sus reservas. El organismo advierte de que restringir la oferta puede elevar los precios, reducir los incentivos para mejorar la calidad y alterar las diferencias de cotización entre las distintas categorías de aceite.
Agricultura sostiene que el almacenamiento no provocará desabastecimiento ni encarecimientos artificiales, pues afirma que el producto volverá al mercado al finalizar la campaña. El control de la medida corresponderá a las comunidades autónomas, mientras que el Ministerio elaborará con ellas un plan de supervisión.
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