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La cesta de la compra se ha encarecido más de un 35% desde la pandemia, una escalada que continúa condicionando la economía de los hogares españoles. No solo eso, sino que el problema podría seguir agravándose en los próximos meses. El encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Próximo amenaza con trasladarse progresivamente a los alimentos, por lo que el Gobierno ha decidido reforzar la vigilancia sobre los precios y ha encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que examine su evolución.
La medida está recogida en el Real Decreto aprobado el pasado 29 de septiembre para prorrogar hasta finales de año el escudo anticrisis desplegado frente al impacto de la crisis energética. El texto establece que la CNMC realizará un seguimiento de los precios alimentarios mediante un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor, así como su incidencia en el coste final de los productos. El análisis prestará especial atención al encarecimiento de la energía y los fertilizantes y a la eficacia de las medidas económicas y fiscales destinadas a contener su traslado al consumidor.
No es la primera vez que el organismo aborda una tarea de estas características. En 2023, la CNMC examinó si la rebaja del IVA aplicada a determinados alimentos básicos se había trasladado efectivamente a los consumidores. Para ello, recopiló más de 60.000 precios de distribuidores minoristas y establecimientos de todas las provincias durante seis meses. La conclusión fue que la reducción fiscal había llegado correctamente al comprador final.
Ahora, el contexto vuelve a estar marcado por las tensiones energéticas. La inflación general alcanzó el 4,9% en septiembre, impulsada principalmente por los carburantes, mientras que la inflación alimentaria se situó en el 2,3%. Sin embargo, algunos productos registraron incrementos muy superiores, como los huevos, con una subida del 12,5%, y la carne de vacuno, con un 9,4%.
El impacto de la energía puede tardar meses en llegar al supermercado
La principal preocupación reside en el tiempo que transcurre entre el encarecimiento de las materias primas y su repercusión sobre el consumidor. Según estudios del Banco de España, los impactos de los precios internacionales de las materias primas agrícolas y energéticas pueden tardar entre 12 y 15 meses en alcanzar su efecto máximo sobre los alimentos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido de que el momento en el que más visible es el encarecimiento energético suele producirse entre diez y doce meses después del impacto inicial. Por ello, el Ejecutivo quiere vigilar de cerca una evolución que todavía podría repercutir en los precios durante los próximos meses.
Las previsiones, no obstante, apuntan a un escenario menos extremo que el de 2022 y 2023, cuando coincidieron el encarecimiento del gas, los fertilizantes y una sequía. Los economistas José Antonio Vega, de Comillas Icade, y Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, consideran que el impacto actual podría ser más moderado, aunque advierten de los riesgos de que se acumulen nuevas tensiones energéticas, climáticas y logísticas.
La CNMC tendrá así que distinguir entre los incrementos justificados por mayores costes y posibles aumentos injustificados de los márgenes empresariales. El objetivo es comprobar que las subidas respondan a la evolución real de los costes y que los precios también se ajusten cuando estos retrocedan.
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