El sector agroalimentario andaluz, especialmente el cordobés, se encuentra en plena ebullición en plena operación de venta de la compañía aceitera Deoleo, un gigante del sector con profundas raíces en la provincia de Córdoba y propietario de marcas como Carbonell, Hojiblanca o Koipe. La posible adquisición de la firma por parte de grupos inversores extranjeros ha puesto en alerta al sector sobre el control futuro de un producto estratégico.
Esta operación de compraventa plantea un dilema profundo sobre la soberanía económica y el control de la cadena de valor alimentaria en el sur de España. Históricamente, Andalucía ha liderado la producción mundial de aceite de oliva, pero gran parte del valor añadido derivado del envasado, la comercialización y el posicionamiento de las grandes marcas se decide fuera de las fronteras de la comunidad autónoma. La perspectiva de que una compañía emblemática pase definitivamente a manos foráneas ha reabierto el debate político y social sobre la protección de los activos estratégicos nacionales y regionales.
Actualmente, según ha trascendido, se manejan entre tres ofertas de grupos industriales. En primer lugar la de la empresa familiar italiana Coricelli, que ha presentado una propuesta de 500 millones. La segunda oferta, la de Acesur, que pese a tener menos exposición pública que la anterior, también estaría rondando una cifra en torno a los 500 millones de euros. Y, por último, una propuesta que también rondaría los 470 millones de euros, de la cooperativa andaluza Dcoop, cuya estrategia es defender la españolidad de Deoleo frente a la opción Coricelli.
La postura del Gobierno central y el rechazo del escudo "anti-opas"
Ante el revuelo generado por la operación mercantil, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha terciado en el asunto descartando por el momento la posibilidad de que el Gobierno central active el denominado escudo "anti-opas". Aunque desde el Ejecutivo se asegura que se está vigilando de cerca el proceso para velar por los intereses generales del olivar español, el titular del ramo ha señalado que, en las circunstancias actuales, se trata de una transacción comercial ordinaria sujeta estrictamente a las reglas y normativas del mercado libre.
Esta negativa inicial del Ministerio a blindar la operación por la vía de urgencia ha generado decepción en los sectores más proteccionistas, que reclamaban una intervención política directa para frenar la entrada de capital extranjero en un sector tan sensible. Pese al seguimiento técnico que realiza el departamento de Planas, la falta de instrumentos excepcionales deja la puerta abierta a que la compraventa avance bajo los cauces habituales de la legislación bursátil y mercantil.
Las exigencias de IU a la Junta y al Gobierno central
En este contexto, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha reclamado con este viernes tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España que intervengan sin demora para favorecer que la compañía quede en manos andaluzas y vinculada al sector cooperativo.
"Andalucía pone los olivos, el trabajo y la tierra, pero después quien embotella, quien pone la marca, se lleva los beneficios", ha señalado Valero durante una atención a los medios. El dirigente de izquierdas ha censurado la actitud del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, quien ha expresado su deseo de que Deoleo siga en la comunidad, aunque a la vez defiende que su Gobierno no puede intervenir por tratarse de una empresa privada.
"Para expresar deseos no hace falta un Gobierno. Hace falta un Gobierno para actuar", ha replicado el también diputado de Sumar, quien ha comparado esta postura con la de Fátima Báñez y sus rezos a la virgen. Para presionar en el plano legislativo, IU ha registrado una iniciativa en el Congreso y defiende que Dcoop encabece la operación para garantizar el arraigo territorial frente a la despoblación.
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