A Carles Puigdemont no le vienen bien las elecciones catalanas prevista para el 14 de febrero. La primera señal la dio el propio ex presidente de la Generalitat hace una semana al renunciar a presentarse como candidato a la presidencia, resguardándose como un integrante más de la lista electoral de JxCat. Este viernes, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha dado pábulo al escaso interés de Waterloo por unos comicios que se presentan poco alentadores para el nuevo partido de Puigdemont y muy positivos para ERC. “No sé si se podrán celebrar las elecciones, de no tener los protocolos (de seguridad sanitaria) para que todos puedan votar”, dijo en Ràdio 4.
El temor expresado formalmente por Budó y manifestado por otros consejeros de JxCat de forma menos contundente, parecería infundado dada la precisión exhibida en la previsión de desescaladas por parte del gobierno catalán: en verano, ajustaron perfectamente para Sant Joan, y ahora para que el 21 de diciembre pueda eliminarse el confinamiento perimetral por municipios y el de fin de semana. También las experiencias de Galicia y el País Vasco permitirían ser optimistas.
Sin embargo, la parte legitimista del gobierno apela abiertamente a la posibilidad de que una tercera oleada del virus vaya a obligar al aplazamiento electoral, justo al día siguiente de anunciar la segunda desescalada que culminará para las fiestas navideñas. Esta apelación ofrece dos lecturas: o bien la desescalada hacia la normalidad no está suficientemente justificada (más allá de satisfacer las presiones de los sectores económicos más afectados) o ya se intuye que los efectos de esta normalidad navideña tendrá efectos nefastos que impedirán la celebración de elecciones y se valora como una consecuencia deseada.
Un aplazamiento electoral argumentado por motivos de salud puede suponer el más grave enfrentamiento interno de los muchos que soporta el actual gobierno de la Generalitat por la manifiesta deslealtad entre ERC y JxCat. Y sería paradójico el cambio de papeles. En estos momentos, los consejeros de JxCat han sido los más activos y propensos a acelerar la desescalada para salvar la Navidad (comercial y familiar), siendo los republicanos quienes desde el Departamento de Salud han presentado mayor resistencia a precipitarse en relajar las medidas. A mediados de enero, los consejeros de JxCat, muy probablemente a través del Departamento de Interior, se presentaran como las más cautos del mundo, aconsejando la mayor de las prudencias ante las más mínima incertidumbre sobre la seguridad de los votantes; hasta el punto de renunciar al 14 de febrero, de ser necesario.
Las perspectivas electorales del partido de Puigdemont son malas, con o sin él al frente; tan malas como para verse obligados a apoyar un presidente de ERC, si la tendencia de los sondeos no se tuerce. En pocas horas, el CIS y el CEO (el centro de estudios de opinión de la Generalitat) han coincidido en aventurar una victoria indiscutible de los republicanos. El CIS combina el éxito de ERC (perdiendo sólo unas décimas respecto a 2017) con el descalabro de JxCat, que pasaría de la primera posición (21.6%) a la quinta con un 8,1% de los votos, por detrás de ERC, PSC, Comunes y Ciudadanos. El CEO suaviza el fracaso de JxCat, situándolo en segunda posición, aunque a seis puntos de ERC, que sube tres puntos respecto de 2017.
Un presidente de ERC con un gobierno en el que JxCat participe tras un batacazo electoral es probablemente el peor de los escenarios previsibles para Puigdemont. Sería un gobierno independentista, por lo tanto, difícil de deslegitimar desde Waterloo. Todo lo que no sea un gobierno presidido por un presidente vicario resultaría un inconveniente para el ex presidente y su partido. Puestos a no poder mandar desde la distancia, a Puigdemont le vendría mucho mejor un gobierno de izquierdas con participación directa o parlamentaria del PSC para así mejor desacreditarlo de forma permanente como un gobierno usurpador, apoyado “por los del 155”, presentando a su Consell per la República como el auténtico gobierno de Cataluña.
El tiempo se le agota a Puigdemont mientras las opciones de una derrota se multiplican. Su primer movimiento ha sido la renuncia a repetir la promesa de una investidura imposible como gran oferta electoral, preservándose de un fracaso como cabeza de lista, pero manteniendo un lugar discreto en la candidatura por si acaso. A parte de reconsiderar su retirada táctica como cabeza de lista, le quedan al menos dos movimientos algo más desesperados. Alcanzar in extremis un pacto con el PDeCat para relanzar el discurso de la unidad, aprovechando que al PDeCat tampoco le sonríen los sondeos (el CIS les da un 0,3% y el CEO un diputado en el mejor de los casos), o forzar un aplazamiento electoral hasta que llegue el buen tiempo electoral y sanitario, intentando llegar a finales de 2021, hasta agotar la legislatura.
El aplazamiento electoral tendría un efecto colateral al exponer a ERC a un mayor desgaste en la gestión de la crisis del coronavirus que podría beneficiar a JxCat; pero también un peligro compartido por ambos partidos: la inestabilidad de un gobierno que sufre a diario las consecuencias de la deslealtad que se profesan republicanos y legitimistas. Esta ha sido una semana negra para la credibilidad de la Generalitat, sin embargo nadie puede asegurar que sea la última, a pesar del propósito de enmienda proclamado por todos. Unas elecciones un año vista podría ser un horizonte insufrible en general e insoportable personalmente para los miembros del gobierno. Aunque desde Waterloo las cosas se ven diferentes.
