Carles Puigdemont tiene un plan para evitar el ostracismo al que podría empujarle una victoria electoral de ERC en las elecciones catalanas finalmente convocadas para el 14-D. El plan es sencillo, declararse el depositario y representante del espíritu de la nación catalana en su condición de presidente del Consell per la República, organismo reconvertido en Autoridad Nacional con sede en Waterloo. La quimera de Puigdemont está recogida en el documento de su consejo republicano del que ERC se ha distanciado por interpretarlo poco adecuado a las actuales circunstancias electorales.
El documento se titula Preparem-nos (Preparémonos) y ofrece una descripción apocalíptica de la situación política en Cataluña en la que los independentistas poco menos que tienen que vivir en las catacumbas perseguidos por “oleadas represivas y embates antidemocráticos” del estado. Para hacer frente a la emergencia independentista, Puigdemont propone la aceptación de una profecía autocumplida (la debilidad del estado como acicate para continuar la lucha) y la concentración en una Autoridad Nacional presidida por él del poder de liderar el combate, coordinando la movilización en la calle y el gobierno de la Generalitat, que en su esquema tiene un papel muy limitado, el de entorpecer la acción administrativa del estado en Cataluña.
Esta Autoridad Nacional debería ser reconocida, empoderada y legitimada por el Parlament y el conjunto del movimiento independentista como entidad depositaria del mandato del 1 de Octubre y representante del espíritu de la nación catalana, de tal forma que pueda representar internacionalmente a la República Catalana y ejercer la dirección política del país desde un lugar fuera del alcance del Estado español. Un gobierno en el exilio en toda regla, soslayando la legitimidad y representatividad de la Generalitat y el Parlament. La estrategia aprobada por el Consell per la República se completa con la dotación de Fondo Republicano de Acción Solidaria y una ampliación de la Caja de Solidaridad, además de un despliegue sobre el terreno de los Consejos Locales del Consell per la República para controlar el territorio, con especial atención a los ayuntamientos.
El análisis de situación y las previsiones de futuro contenidas en el documento podrían despacharse como un ejercicio de imaginación del grupo de dirigentes residentes en Bruselas desde hace tres años poco compatible con la realidad. Sin embargo deberían considerarse como una seria advertencia a ERC ante cualquier tentación de salirse del guion del bloqueo político en beneficio de la transversalidad. Desde hace meses, los sondeos presentan a los republicanos un escenario abierto a un gobierno soberanista y a uno de izquierdas que debería contar directa o indirectamente con la complicidad de los socialistas. En las últimas semanas, ERC y PSC se esfuerzan en negar cualquier posibilidad a un gobierno de izquierdas, pero esta hipótesis es el argumento electoral preferido de JxCat.
De entrada, Puigdemont, en su doble condición del presidente del Consell per la República y de JxCat, fija la primera condición para apoyar un gobierno de la Generalitat que no cuente con una presidencia vicaria de sus planes: levantar la suspensión de la Declaración de Independencia e implementar la República Catalana. Este es un desiderátum que un presidente de ERC difícilmente podrá asumir de pretender mantener vivo el diálogo y la colaboración parlamentaria con el gobierno de Pedro Sánchez. De resistirse el candidato republicano a la investidura, se verá amenazado por la instauración en Bruselas de la Autoridad Nacional en detrimento de las instituciones históricas catalanas y probablemente en competencia abierta con ellas, sin ningún miramiento en deslegitimar al gobierno catalán de no contar con presencia de JxCat.
El plan Puigdemont será mucho más cómodo de alcanzar JxCat la presidencia de la Generalitat, una eventualidad no descartable todavía, según los sondeos. Entonces, el ex presidente podrá desplegar su Autoridad Nacional a conveniencia, no tanto para convertir Catalunya en una república mediante “el desbordamiento democrático” que propugna en sus papeles, un objetivo improbable, sino para convertirse en negociador único del gobierno Sánchez, al estilo Tarradellas. Una vez el Código Penal cuente con una nueva definición del delito de sedición y las penas hayan sido modificadas, Puigdemont necesitará de una plataforma propia para escenificar la negociación y el retorno del presidente legítimo, el presidente de la Autoridad Nacional de los independentistas. Todo lo demás huele a humo.
