Implantes de pelo, viajes de lujo, trabajo para familiares, pagos de coches y hoteles, entre otros regalos de contratistas, a cambio de la adjudicación de pantanos y desaladoras. La red de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) pactaba precios de obras, amañaba adjudicaciones y falsificaba certificaciones de obras no realizadas para favorecer a algunas empresas, como Acciona Infraestructuras, FCC Construcción y la empresa Pipeline.

La investigación apunta al Ministerio y a Presidencia
El escándalo alcanza a altos cargos del Ministerio de Agricultura, según el auto del juez Eloy Velasco. Se investiga qué personas dieron la orden para una “compensación indebida” de Acuamed a FCC por 36 millones de euros, cuyo pago se incluyó en los Presupuestos Generales de 2015, y fue pactada por “cargos de alto nivel” del Ministerio.

Pero la trama trasciende incluso al Ministerio y alcanza a la Presidencia del Gobierno, como ya apuntaba ELPLURAL.COM , y específicamente al subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, quien fuera hasta junio pasado secretario de Estado de Medio Ambiente.

Según fuentes de la investigación citadas hoy por Eldiario.es, Ramos de Armas forma parte de ese "muy alto nivel" del Ministerio del que habla el juez Velasco en su auto cuando se refiere a irregularidades acordadas para favorecer a las grandes constructoras FCC y Abengoa en dos grandes obras.

En la etapa de Ramos de Armas como secretario de Estado de Medio Ambiente se desarrolló una de las seis obras que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, la desaladora de Bajo Almanzora, de la que FCC y Abengoa obtuvieron una compensación irregular.

El PSOE pide la comparecencia de la ministra
El PSOE ha pedido la comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que explique este "escándalo de corrupción alarmante".

Directivos de FCC y Acciona
Entre los detenidos en esta operación figuran precisamente el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini. Ambos han pagado una fianza de 50.000 euros para evitar la prisión, lo mismo que el presidente de la empresa Pipeline, Manuel Moreno Maestre, que ha abonado 12.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a trece personas presuntamente relacionadas con el fraude en Acuamed, entre ellos su director general, Arcadio Mateo del Puerto, y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco. Ocho de los detenidos han pagado fianzas para evitar la cárcel; el juez ha dictado prisión incondicional para los otros cinco: Arcadio Mateo del Puerto, el responsable de Contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín. El quinto en ingresar en prisión ha sido Nicolás Steegmann, presidente de Altec, otra de las adjudicatarias.

El juez ha dictado fianza, además de a los directivos de FCC y Acciona para los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset; el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero. Todos ellos las han abonado.

Los detenidos serán interrogados este jueves en la Audiencia Nacional por el juez Eloy Velasco. En los próximos días se procederá a citar en calidad de investigadas a 35 personas.

La compensación irregular a FCC
Uno de los seis contratos que se investigan es el de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, adjudicada a la UTE formada por FCC y Abengoa y en el que supuestamente Acuamed y FCC pactaron esa "compensación" irregular de 40 millones de euros, que luego quedó en 36 millones.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esos desperfectos no eran "responsabilidad de la Administración".

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas "irreales".

Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar.Entonces, se previó cubrir esa "compensación indebida" pactada "entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio" en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se "persistió" en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Se investigan seis contratos
El ámbito de actuación de Acuamed abarca un territorio que se extiende desde Gerona hasta Málaga, englobando parte de las Cuencas Internas de Cataluña y del río Ebro, así como las cuencas de los ríos Júcar y Segura y parte de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, según explica el auto del juez, "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".

Trabajadores destituidos por no estar de acuerdo
Los otros contratos investigados son la descontaminación del pantano de Flix -adjudicado a FCC-, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia -Sogeosa y Torrescámara-, la desaladora Marina de Torrevieja -Acciona-, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia -Altec- y la presa de Antiavenidas del río Serpis -Altec/Altyum-.

El juez Velasco añade que si los trabajadores de Acuamed se negaban a cometer esas irregularidades eran incluso destituidos.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014, tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción.