El razonamiento bajo el que argumentan la demanda interpuesta es claro: "la norma permite la eliminación de símbolos cristianos, como cruces en espacios públicos o monumentos históricos, bajo interpretaciones ideológicas que vulneran la libertad religiosa y ponen en peligro el patrimonio cultural". Concretamente, Abogados Cristianos se refiere al Real Decreto 1040/2025, aprobado el pasado 18 de noviembre de 2025. A partir del mismo, se estableció el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas contrarios a la memoria democrática de cara a su supresión.
Este colectivo ultraconservador ha acudido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para presentar esta denuncia. Además de entender que la normativa aprobada vulnera la libertad religiosa al eliminar símbolos franquistas que incluyeran elementos cristianos, desde Abogados Cristianos entienden que el Gobierno impulsó esta norma "mediante un procedimiento viciado, a través de una consulta pública realizada en periodo inhábil, en pleno mes de agosto (entre los días 5 y el 19), lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva". Así, critican la que han definido como una declaración "injustificada" de urgencia acordada por el Consejo de Ministros, la cual sostienen "redujo plazos esenciales y limitó el debate público, sin acreditar circunstancias extraordinarias que lo justificaran".
Por otro lado, la denuncia advierte también de "un grave conflicto competencial", ya que varias comunidades autónomas como Madrid y Castilla y León "alertaron de que el decreto invade competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico y otorga al Estado un monopolio en la retirada de símbolos".
A pesar de que según el Artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978, España es un estado aconfesional, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, carga contra el Ejecutivo nacional afirmando que "el Gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar cualquier elemento que refleje que España es cristiana". No solo eso, sino que añade que "no podemos permitir que se utilice la memoria como excusa para derribar cruces y eliminar símbolos religiosos por pura ideología política. La historia de España no se puede reescribir a golpe de decreto".
Difícil no encontrar elementos cristianos en la simbología franquista: la estrecha vinculación del régimen a la religión
Aunque la Constitución Española de 1978 consagra la aconfesionalidad del Estado, la práctica política y simbólica del régimen de Franco (1939-1975) estuvo estrechamente imbricada con la Iglesia Católica y sus símbolos. El franquismo implantó un modelo ideológico conocido como "nacionalcatolicismo", que convirtió al catolicismo en columna vertebral de su legitimación política y social. Durante la Guerra Civil, la jerarquía eclesiástica llegó a definir el conflicto como una “cruzada” contra el comunismo y la “impiedad”, respaldando al bando sublevado y otorgándole una dimensión sacralizada desde el principio.
Tras la victoria, la Iglesia recuperó privilegios perdidos en la República: la educación confesional fue obligatoria, el matrimonio eclesiástico volvió a ser el único válido y las manifestaciones públicas combinaron rituales religiosos con actos políticos del Estado. El nacionalcatolicismo permeó la simbología del régimen, al punto que elementos como cruces, procesiones o iconografía religiosa quedaban inseparablemente asociados a la identidad del Estado franquista y a su narrativa de unidad nacional y orden moral. Ese matrimonio entre poder político y religión impregnó los espacios públicos, las conmemoraciones oficiales y la educación, haciendo que muchos símbolos franquistas incluyeran explícitamente elementos cristianos y rescoldos de esa alianza entre dictadura e Iglesia.
El reconocimiento de los lugares de memoria: el caso de la Real Casa de Correos y la negativa de Ayuso
El debate sobre el marco competencial en materia de memoria democrática, al que hace mención Abogados Cristianos, ha generado tensiones entre la administración central y algunas comunidades autónomas, siendo el caso de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un ejemplo significativo. Ese edificio, situado en la Puerta del Sol de Madrid, fue durante décadas una sede de la Dirección General de Seguridad bajo el franquismo y escenario de detenciones, torturas y represalias políticas entre 1939 y 1979.
Diversas asociaciones de memoria histórica han reclamado su reconocimiento oficial como lugar de memoria democrática, con la instalación de una placa conmemorativa que recuerde estos hechos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado esa iniciativa; su gobierno se opuso a la colocación de una placa y cuestionó incluso el intento de declarar el edificio como espacio de memoria, llegando a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra decisiones del Ejecutivo central en ese sentido.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido llevando el asunto al Constitucional para impugnar la negativa de la Comunidad de Madrid a reconocer oficialmente el pasado franquista de ese inmueble. Esta disputa pone de manifiesto las dificultades para aplicar la Ley de Memoria Democrática en un contexto de competencias compartidas entre el Estado y las autonomías, especialmente cuando hay resistencias políticas a reconocer ciertos lugares de memoria vinculados al franquismo.