300 días. 10 meses. Casi un año ha transcurrido ya sin que se publique el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dilación del caso es notoria esta semana, además, al tener en cuenta que la plana mayor de este equipo va a declarar en el marco del 'caso Mascarillas' apenas unas 24 horas antes de que lo hagan el ex secretario de Organización y ministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor en el Ministerio, Koldo García, y el empresario y conseguidor Víctor de Aldama.
La brigada dirigida por el teniente coronel Antonio Balas aún no ha sacado a la luz este documento, que sería crucial para que la investigación avanzara, una dilación que cada vez engrosa más los tiempos de espera y que va camino de cumplir el año. Hay que retroceder al pasado 27 de junio de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción le pidió a la UCO de Balas la elaboración del mencionado informe sobre el perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que pesa sobre él: presunta corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, focalizada en el presunto doble delito fiscal a la Agencia Tributaria, aún en curso.
"Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", instó Anticorrupción cuando comenzó el procedimiento en la citada fecha. Tal y como tuvo acceso entonces ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que se le acusa de haber cometido el presunto fraude fiscal a Hacienda de más de 350.000 euros. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las principales formaciones madrileñas de la oposición al Gobierno del PP de Díaz Ayuso, PSOE y Más Madrid. Cuatro meses de año 2026 han transcurrido y se sigue sin tener dato alguno sobre el documento encargado a la UCO.
El pasado mes de noviembre, ya entonces cinco meses después del encargo, miembros de la UCO revelaron en una entrevista que "fuentes de la investigación llevaban solicitando las actuaciones llevadas a cabo" hasta aquel momento, pero no fue posible hasta el 8 de noviembre cuando el juzgado avaló dicho trámite que conduce al inicio de las averiguaciones por parte de la UCO. No obstante, en investigaciones paralelas y de buen calado mediático como fueron –y siguen siendo algunas de ellas- las del entonces fiscal general del Estado o sobre la implicación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la trama Koldo; o la que prosigue en curso contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, los tiempos han sido más acelerados si se trae a comparación con la que concierne a González Amador, con una clara diferencia de apremio.
A las puertas de la comparecencia de los agentes en el caso Mascarillas
Hablando precisamente de Ábalos, Koldo y Aldama, el juicio del 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo retomó sus sesiones el pasado lunes 13 de abril, con las comparecencias de Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García Izaguirre, y de Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos y figura clave en algunos de los testimonios más destacados en las primeras sesiones del procedimiento.
La vista oral tiene como acusados principales al exministro de Transportes, a Koldo García y a Víctor de Aldama, señalados por la Fiscalía Anticorrupción por haber tejido una red para adjudicar irregularmente contratos de material sanitario durante la pandemia. Los dos primeros se encuentran en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real, mientras que Aldama se encuentra en libertad.
En el marco de este juicio, 27 de abril declarará, precisamente, en sesión doble la plana mayor de la Unidad Central Operativa, compuesta por siete agentes cuyas investigaciones constituyen el núcleo probatorio de la causa.
