Este año se cumplen veinticinco años de la creación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, instituida por la Ley 11/1999 y puesta en marcha a finales del año 2000. Un aniversario que merece el reconocimiento al trabajo desarrollado por quienes han integrado la institución y por su personal técnico, responsables de una función esencial para la democracia: el control económico y presupuestario del sector público madrileño.
La Cámara de Cuentas no es un órgano administrativo más. Es un órgano estatutario, adscrito a la Asamblea de Madrid y dotado de independencia funcional, autonomía organizativa y presupuestaria. Esa independencia no es un formalismo, sino una garantía constituyente del equilibrio de poderes y de la rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento y, en última instancia, ante la ciudadanía.
Precisamente por eso resulta preocupante que este aniversario coincida con una deriva política marcada por la obsesión del Gobierno regional por el control de las instituciones, ya evidenciada con la imposición de la última modificación de la Ley que rebajó la mayoría necesaria para elegir los miembros de este órgano para asegurar su control y situar a fieles servidores al frente de la misma, subordinándolas a una lógica de poder personalista más preocupada por servir a la presidenta Ayuso que por fortalecer los derechos ciudadanos y los contrapesos democráticos. La reciente Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, presentada como una mera actualización técnica, consolida en realidad una arquitectura institucional que debilita los contrapesos democráticos y recentraliza el poder económico en el Ejecutivo autonómico.
Un ejemplo claro es la decisión de mantener a la Cámara de Cuentas dentro del sector público autonómico, pese a la solicitud expresa de la propia institución de quedar fuera de ese ámbito, al igual que la Asamblea de Madrid. Situar jurídicamente a un órgano de control externo bajo el paraguas del poder al que debe fiscalizar no es un detalle técnico: es una subordinación que erosiona su independencia real y tiene como resultado un modelo que fortalece el control del Ejecutivo sobre el sector público, pero no el control parlamentario ni ciudadano sobre el Ejecutivo.
A ello se suma un retroceso en la rendición de cuentas: la supresión de la obligación de que el Consejo de Gobierno apruebe formalmente la Cuenta General antes de su remisión a la Cámara diluye la responsabilidad política del Gobierno ante la Asamblea y convierte el control democrático en un trámite.
Veinticinco años después de su creación, la Cámara de Cuentas sigue siendo una pieza clave del sistema democrático madrileño. Defender su independencia no es una cuestión corporativa ni técnica, sino una exigencia democrática. La estabilidad presupuestaria no puede lograrse a costa de debilitar el control público, la transparencia y el equilibrio de poderes. Porque sin órganos independientes de fiscalización, la rendición de cuentas deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en una formalidad vacía.
Por eso hoy a la vez que celebramos este aniversario es obligado animar a la mayoría social y política de nuestra Comunidad a reafirmar un compromiso democrático inequívoco para recuperar la independencia plena de la Cámara de Cuentas y devolver a la Asamblea su papel central en el control del gasto público y del poder ejecutivo que el Gobierno de Ayuso está debilitando.
Diego Cruz Torrijos, diputado en la Asamblea de Madrid
