El senador del Partido Popular Manuel Altava, en la lista de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE,  consiguió en el año 2011 que una sentencia obligase a sus dos hijos, de 8 y 9 años de edad, a vivir a mas de 200 kilómetros de donde lo hacía su madre, Paloma Sanz. Todo ello a pesar de que había sido uno de los políticos impulsores de la custodia compartida.

Esta peculiar sentencia, de la que ya informó ElPlural.com en su día y que fue emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, mantenía la atribución de la guarda y custodia de los dos hijos del senador del PP a su expareja, Paloma Sanz, quien tenía en propiedad la plaza de secretaria del Ayuntamiento de Beneixama -lo que la obligaba a vivir en esta pequeña población de Alicante-. El problema estribaba en que la misma sentencia establecía que los dos niños debían regresar a su antiguo domicilio, situado en Castellón.

Algo incomprensible para Mercedes Viñado, abogada de Paloma Sanz, quien pidió formalmente a los magistrados que aclarasen cómo podían permanecer los menores en Castellón y a cargo de quién, si su madre, que es quien ostentaba la custodia, trabajaba a más 200 kilómetros de distancia de allí.

Una respuesta a la que en declaraciones al diario ‘Levante’ respondió el propio Altava. Y es que el senador,  al ser preguntado sobre quién cuidaría a los niños en Castelló mientras su madre seguía en Beneixama, afirmó: "Una criada que ella decía que tenía". 

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Acudió a televisión para denunciar el “acoso”

En agosto de 2011, la excompañera sentimental del dirigente del PP acudió a La Noria (Telecinco) para relatar el “calvario judicial” que aseguraba estar padeciendo.

En la entrevista, Paloma Sanz explicó que el senador Altava “nunca” había pedido ejercer la custodia compartida porque prefería “que sus hijos estuviesen con ‘una criada’ a que viviesen con su madre”. Acto seguido, reprochó al dirigente del Partido Popular que le hubiese dedicado “muy poco tiempo” a la educación y a la formación de sus hijos.

“Yo he estado ocho años acosada, sometida a una persecución judicial sine die, he estado más de doscientas cuarenta veces citada judicialmente por él y he sufrido 67 condenas”, relató Paloma Sanz antes de lamentar que la Justicia le obligase a trasladar a sus hijos “a 220 kilómetros de Beneixama, donde tengo mi residencia y mi puesto de trabajo”.