El senador del Partido Popular Manuel Altava, en la lista de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada por PP y PSOE, consiguió en el año 2011 que una sentencia obligase a sus dos hijos, de 8 y 9 años de edad, a vivir a mas de 200 kilómetros de donde lo hacía su madre, Paloma Sanz. Todo ello a pesar de que había sido uno de los políticos impulsores de la custodia compartida.
Esta peculiar sentencia, de la que ya informó ElPlural.com en su día y que fue emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, mantenía la atribución de la guarda y custodia de los dos hijos del senador del PP a su expareja, Paloma Sanz, quien tenía en propiedad la plaza de secretaria del Ayuntamiento de Beneixama -lo que la obligaba a vivir en esta pequeña población de Alicante-. El problema estribaba en que la misma sentencia establecía que los dos niños debían regresar a su antiguo domicilio, situado en Castellón.
Algo incomprensible para Mercedes Viñado, abogada de Paloma Sanz, quien pidió formalmente a los magistrados que aclarasen cómo podían permanecer los menores en Castellón y a cargo de quién, si su madre, que es quien ostentaba la custodia, trabajaba a más 200 kilómetros de distancia de allí.
Una respuesta a la que en declaraciones al diario ‘Levante’ respondió el propio Altava. Y es que el senador, al ser preguntado sobre quién cuidaría a los niños en Castelló mientras su madre seguía en Beneixama, afirmó: "Una criada que ella decía que tenía".
Acudió a televisión para denunciar el “acoso”
En agosto de 2011, la excompañera sentimental del dirigente del PP acudió a La Noria (Telecinco) para relatar el “calvario judicial” que aseguraba estar padeciendo.
En la entrevista, Paloma Sanz explicó que el senador Altava “nunca” había pedido ejercer la custodia compartida porque prefería “que sus hijos estuviesen con ‘una criada’ a que viviesen con su madre”. Acto seguido, reprochó al dirigente del Partido Popular que le hubiese dedicado “muy poco tiempo” a la educación y a la formación de sus hijos.
“Yo he estado ocho años acosada, sometida a una persecución judicial sine die, he estado más de doscientas cuarenta veces citada judicialmente por él y he sufrido 67 condenas”, relató Paloma Sanz antes de lamentar que la Justicia le obligase a trasladar a sus hijos “a 220 kilómetros de Beneixama, donde tengo mi residencia y mi puesto de trabajo”.
Reventó la cerradura del domicilio familiar
Este miércoles, ElPlural.com ha repasado el polémico pasado del juez-senador del PP. Y es que Altava protagonizó en la época en la que estaba en pleno proceso de separación de Paloma Sanz un grave incidente.
En concreto, el político del PP se personó en el domicilio familiar ubicado en Castellón con dos cerrajeros, varios policías de paisano y tres transportistas para apoderarse de 70 cajas de libros, además de cuadros, estanterías, mesas y sillas de despacho, ordenadores, impresoras y todos los efectos que Altava consideró suyos.
Fue un 15 de agosto -festivo en toda España y día en el que Paloma Sanz se encontraba de vacaciones en Benicàssim con sus dos hijos-, cuando el senador aprovechó para reventar la cerradura del domicilio y de paso forzar las puertas del despacho profesional de su excompañera sentimental, situado en la planta baja del mismo inmueble.
Lo ocurrido aquel día dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abriera un proceso por delito de realización arbitraria del derecho propio. El caso siguió adelante, se abrió juicio oral y cuando estaba apunto de sentarse en el banquillo de los acusados en Castellón, Altava resultó elegido senador por el Partido Popular.
Entonces, al ser aforado desde el 9 de marzo de 2008, el caso pasó al Supremo. La fiscalía consideró que había elementos suficientes para acusar a Altava, pero el entonces juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, aseguró en una sorprendente resolución que el dirigente del PP no había cometido delito alguno. Para Maza lo ocurrido aquel 15 de agosto de 2003 fue un “mero cambio de cerradura” ya que “en ningún momento Altava pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su expareja”.
