Diego Ortega es un polémico y controvertido cabecilla rural del Partido Popular que preside María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha. Desde 2011 es el alcalde de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan (33.000 habitantes) gracias al incomprendido apoyo de tres concejales independientes procedentes del PSOE, y desde su toma de posesión hasta la fecha no ha dejado de protagonizar numerosas polémicas que lo sitúan el 24-M fuera del Gobierno municipal. Tanto el PP como el propio primer edil son conocedores de su eventualidad, como así demuestran encuestas y sentimiento ciudadano (15.000 manifestantes contra sus políticas liberalizadoras, 7.653 firmas contra su gestión…) y a pesar de que el PSOE, ganadores de aquellos comicios, no pasa, precisamente, por su mejor momento. Pues bien, a pesar de estos pesares el alcalde Ortega se ha empeñado en conceder un contrato de 18 millones de euros para la recogida de basuras a 15 días del inicio de la campaña electoral y a un mes de la celebración de las elecciones municipales, cuando la honradez política y la coherencia en aras de la transparencia que tanto predica su secretaria general exigen un aplazamiento y que sea la nueva corporación la que decida sobre este, si nadie lo impide, “pelotazo” millonario.
Un “ojeador” imputado en la operación Brugal
El caso es que Diego Ortega y los suyos decidieron encargar a un “ojeador profesional” la selección de la empresa que se llevaría ese jugoso contrato, además de redactar el pliego de condiciones (…yo me lo guiso, yo me lo como). El elegido, un “refutado” experto procedente del mundo de la recogida de residuos sólidos; un tal José Vicente Jiménez Baena, relacionado con el mundo corrupto de la operación Brugal donde es uno de los imputados () en la causa que investiga los juzgado de Orihuela por supuestos delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en la provincia de Alicante. ¿Casualidad? ¿Ignorancia del alcalde? Cuesta creerlo, pero el señor Jiménez Baena fue el elegido para hacer un “cásting empresarial” que no convence a nadie, nada más que a los concejales “populares” y a sus socios, los exsocialistas y ahora ediles “independientes”.
Paralelismo con la “mordida” de Toledo
No solo eso, el “ojeador profesional” fue (o es) un destacado directivo de Sufi, empresa filial de Sacyr que supuestamente pagó una mordida de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de Cospedal en las elecciones de 2007 a cambio de la concesión de la recogida de basuras (cerca de 70 millones), según declaración en sede judicial del extesorero de Génova, Luis Bárcenas. A todo esto hay que añadir que Sufi también ha sido señalada como sospechosa del pago de comisiones al PP en algunas localidades de Madrid, en las que ha sido adjudicataria de contratos en los que ha participado la empresa FCC, a la que, curiosamente, José Vicente Jiménez otorga la mayor puntuación en el informe técnico elaborado para la adjudicación del contrato de limpieza de Alcázar de San Juan, constructora a la que el ayuntamiento también otorgó hace unos meses la privatización del agua.
18 millones, seis años y el 72% del presupuesto
Pero aquí no quedan los paralelismos con Toledo. En Alcázar también se concede el contrato a la oferta más cara (dos millones más que sus competidoras), se unen viales y jardines y, lo que es más sorprendente, se valora su decisión de gastar 200.000 euros más en personal, aunque en Toledo fue el ayuntamiento quien tuvo que desembolsar 7 millones por este concepto ilegal, según la UDEF, o la contratación de una “empresa” externa para dilucidar sobre la idoneidad de la concesionaria. Sea como sea, es difícil entender, a no ser que haya intereses ocultos, como denuncia la concejala socialista Ana Belén Tejado, que una corporación interina, que con toda probabilidad cambiará dentro de 30 días de signo político, haya comprometido con una empresa un contrato de 18 millones de euros por cuatro años, y dos más prorrogables, lo que supone nada más y nada menos que el 72 por ciento del presupuesto municipal.
Borrón y cuenta nueva
Pero todo esto no parece influir en la decisión del alcalde del PP, que sí o sí está empeñado (y empeñando el futuro de la localidad) en conceder la recogida de basuras y para ello ha anunciado la inminente realización de un nuevo informe cuyo redactor y “ojeador” no esté imputado en el caso Brugal, claro, pero, eso sí, será también un agente externo ya que Diego Ortega parece no fiarse de los funcionarios del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que por coherencia y competencia deberían ser los encargados de proponer la empresa concesionaria y que fuera el pleno salido de las urnas del 24-M el encargado de votar la resolución.
